NADA ES CASUAL

Por Ricardo Buryaile, Diputado Nacional por Formosa.

Entre el 18 de diciembre de 2010 y el 2 de enero de 2011 la Argentina se vio sacudida por 2 hallazgos muy importantes de cocaína, Uno de ellos en nuestro país y el otro en el exterior. Ambos complicaban a ciudadanos argentinos y, por tanto, a todo el sistema de seguridad aeroportuario nacional.

En realidad, en mi provincia, Formosa, nada había sucedido hasta que algunos medios nacionales difundieron la noticia de que se había encontrado un cargamento de gran volumen de estupefacientes en territorio formoseño.

Este hallazgo fue el de mayor cantidad de droga registrado en nuestro país en los últimos tiempos. Y como si fuera poco, fue ubicado en el campo de un concejal kirchnerista, que responde al gobernador Gildo Insfrán, a sólo 7 kilómetros del pueblo de Estanislao del Campo.

En un primer momento, todo se encaminaba al silencio con la complicidad de muchos de los medios locales. Mientras, otros en soledad hablaban tibiamente del tema. No había una sola declaración oficial, solamente se escuchaban las que hacían voceros del Gobernador, para decir que había que esperar que la justicia dicte una sentencia y, recién allí analizar la situación de su aliado, el concejal Héctor Palma, conocido como “Palmita”.

El propio intendente de la localidad de Estanislao del Campo, Roque Zarza, pidió tiempo para emitir un juicio. Por su parte, el Concejo Deliberante en una primera instancia, también, dejó pasar el tema y miró para otro costado, evitando complicar a “Palmita”. Sin embargo, el escándalo pudo más; el Consejo Deliberante debió reunirse nuevamente y sin juicio político expulsó al funcionario.

Es extraño que hayan destituido a Héctor Palma de su cargo de esa manera. Con esa decisión se generaron dudas: ¿No quisieron que “Palmita” hablara del tema?, ¿Le dejaron la puerta abierta para que la justicia lo reincorpore? Misterios que merodean Formosa.

En tanto, el 2 de de enero aparecieron en España más de 900 Kg de cocaína en un vuelo proveniente de la Argentina. En referencia a lo sucedido, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que la droga había sido cargada en Cabo Verde, tomando a la gente una vez más por tonta.

Hasta el momento, no sabemos si existen conexiones entre ambos hechos delictivos; si integran un mismo cartel de droga o no. Pero lo que no puede cabernos ninguna duda es que nuestro país esta azotado por estas bandas que siembran muerte y corrupción a su paso.

Basta con que indaguemos a fondo las causas por las que los carteles mexicanos y colombianos desembarcan en nuestro país, usando los caminos del norte como rutas de su negocio y encontraremos multiplicidad de razones, a saber:

- En cuanto a lo social: pese a la negación sistemática de la realidad actual por parte de las autoridades oficiales, de acuerdo a estimaciones privadas la pobreza y la marginalidad ha alcanzado niveles superiores al 32%, dato que difiere fuertemente a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

- Fiscales: una política impositiva que concentra los recursos en manos del Gobierno Nacional y condena a la pobreza a las provincias del norte del país, sin desarrollo local que permita contener y mejorar el empleo y la demanda de mano de obra en el NEA y NOA. La diferencia entre la Capital y las Provincias del Norte se acrecientan con la política de tarifas subsidiadas cuyos principales beneficiarios son los consumidores de Buenos Aires; lo que tiene un costo que trasciende los millones de dólares que destina el Estado Nacional a las empresas concesionarias de los servicios y repercute en toda la economía nacional. Tal es así que “9 de cada 10 domicilios de Capital y GBA pagan menos de $1,33 de luz por día desde 1992”, cuando en el NEA Y NOA afrontamos tarifas 4 o 5 veces más altas.

- En Seguridad. En el 2004, con la actual ministra de Seguridad, Nilda Garré como titular de la cartera de Defensa, el ex presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1407. El objetivo era dotar al país para el 2009 de 69 radares en funcionamiento, lo que evidentemente no fue cumplido.

Hasta el momento poco y nada se hizo: apenas 13 radares protegen hoy sólo el 11% del territorio argentino, circunstancia que convierte al país en uno de los más desprotegidos de la región.
Así mismo, el presupuesto que se destinó entonces para la primera etapa del plan fue de 185 millones de dólares, sin embargo, se estima actualmente que el negocio total rondaría los 1.000 millones de dólares, sumado a esto otra cifra similar para accesorios y mantenimiento.

Es decir que el Gobierno Nacional lleva gastados miles de millones de dólares en un sistema de radares que al día de hoy no funciona como debería, y sigue dejando a nuestro país vulnerable y desprotegido.
Estadísticas recientes e informes de inteligencia confirman que la Argentina juega un papel central en las operaciones del narcotráfico en el Cono Sur, como centro de distribución o punto de paso hacia Europa.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a 11 años de su creación, sólo tuvo una condena por lavado de dinero, no está investigando la causa de la valija con los 800 mil dólares que traía desde Venezuela Guido Antonini Wilson, en agosto de 2007. Es porque no lo considera sospechoso.

Esto mereció un duro informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con amenaza de sanciones en caso de no adecuar nuestro país a su política al control de los fondos ilegales.

La reacción de la UIF fue solicitar a los bancos que informen sobres los usuarios de tarjetas de crédito que consuman más de 5 mil pesos por mes y compradores de autos de más de 50 mil pesos. No se entiende, si se quiere combatir el lavado o controlar la evasión, debería haber acciones para ambas en simultáneo.

Lo que sí está claro es que las autoridades nacionales y provinciales buscan minimizar y disimular estos hechos con medidas que no resuelven el problema, o más bien con silencio, para no aceptar que estamos viviendo en un país altamente desprotegido. Para tristeza propia, nuestro país ha pasado a ser un eje central en el negocio de la droga en Sudamérica, y por más que en sus discursos el Gobierno se empeñe en demostrar otra cosa, la realidad nos pega muy fuerte.

Nada es casual en una Argentina cada vez más vulnerable y en provincias como Formosa que fueron y son altamente desiguales. Pues no cuentan con políticas que busquen contener y solucionar las necesidades sociales y económicas de sus habitantes. Lo cierto es que estas materias son una asignatura pendiente, que requieren del Estado una respuesta eficaz, sin demoras, y sin más evasivas.