Gremios impulsan ley para que los empleados participen en las ganancias de empresas

El avance sindical no se detiene. Ahora, el diputado oficialista, Héctor Recalde, discutirá en el Congreso un proyecto para que las compañías distribuyan utilidades entre trabajadores y para que éstos puedan integrar el directorio. Su iniciativa se uniría a la de otro diputado kirchnerista.



Detalles



Los directivos de las empresas se muestran preocupados. Y tienen sobradas razones como para estarlo.



Sienten que la ola de fallos “antiempresa” crece día a día y que los montos que deben afrontar en el caso de juicios por despido, acoso laboral y responsabilidad solidaria, entre otras cuestiones, resultan en muchos casos exorbitantes y muy difíciles de afrontar.



Esto, sin considerar las demandas que reciben de los empleados tercerizados. Es decir, de aquellos que dependen de otro empleador pero que, a la hora de iniciar un litigio, responsabiliza a ambas firmas en forma conjunta.



A este escenario, se suma otra cuestión que les causa extrema preocupación: los continuos cambios que se vienen impulsando desde el Congreso para modificar la actual Ley de Contrato Trabajo y de los que viene dando cuenta iProfesional.com (Ver nota: Alerta empresaria: Recalde impulsa 84 proyectos de ley para “mega reforma” laboral).



El impulsor de todo esto es el propio diputado oficialista y abogado de la CGT, Héctor Recalde.



Es por ello que muchos directivos hacen referencia a una “avalancha de proyectos antiempresa” y temen por el impacto que éstos puedan tener en el devenir de las compañías.



A este, de por sí, complicado escenario se suma otra avanzada sindical, que causa extrema tensión en el empresariado. Y tiene que ver con la iniciativa, también impulsada por Recalde, para que los empleados participen en las ganancias de las empresas.



La misma ya cuenta con el aval de la CGT y de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), liderada por Hugo Yasky. También es vista con buenos ojos por el gremio de bancarios y el de la alimentación.



De prosperar, los trabajadores podrían sentar un representante en la mesa del directorio, acceder a los balances, y discutir el reparto de utilidades.



Recalde hizo pública su idea de incluir en el Convenio Colectivo de Trabajo un reglamento sobre cómo implementar la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.



Y adelantó que exigirá que los empleados puedan efectuar un control sobre la producción, como así también pedirá “la colaboración de los mismos en la dirección”.



A la pretensión de Recalde se sumó la de otro gremialista, Rodolfo Daer, del sindicato de alimentación, que reclamó que “de forma urgente” se modifique la Ley de Contrato de Trabajo para que haya un monitoreo de las utilidades de las empresas por parte de los gremios y para que se incluya a un representante sindical en la mesa de directorio.



Otro proyecto que se une al de Recalde



A la iniciativa del diputado de la CGT se suma otro proyecto impulsado por el diputado mendocino del Frente para la Victoria, Dante González, que, de aprobarse, obligará a las empresas a distribuir entre todos sus dependientes un 10% de las utilidades netas que hubieran obtenido al final de cada ejercicio anual.



La Constitución Nacional reconoce en su artículo 14 bis -con carácter genérico- el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las compañías y, en este caso, la discusión se centra en cómo se reglamentará la norma, ya que tendrá un fuerte impacto en la actividad productiva y económica argentina.



Los expertos consultados por este medio advirtieron que con estas iniciativas se apunta a “cambiar drásticamente las reglas de juego”, lo cual podría tornarse complicado para las compañías, en medio de un escenario de altos costos, producto de las negociaciones colectivas.



Principales puntos



El texto del proyecto de González ya está en manos de las comisiones de Legislación del Trabajo y Peticiones, Poderes y Reglamento.



Entre los aspectos principales que plantea la iniciativa se destaca que:



• Las empresas deberán distribuir entre sus trabajadores un 10 % de las utilidades netas obtenidas al final de cada ejercicio anual (se considera utilidad a la renta gravable de conformidad con las normas que rigen el Impuesto a las Ganancias).



• Las madres trabajadoras, durante los períodos pre y post natales, y los trabajadores que hayan sufrido accidentes laborales durante el período de incapacidad temporal, serán considerados como dependientes en servicio activo.



• Los empleados eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan desempeñado sus tareas por un mínimo de seis meses efectivos de trabajo durante el año, en la parte proporcional.



• La utilidad a distribuir se dividirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, sin tener en cuenta el monto de los salarios.



• Para determinar las utilidades a repartir, la firma no podrá imputar a un ejercicio anual las pérdidas anteriores.



• La participación en las ganancias no se computará como parte del salario a los efectos indemnizatorios y pago de aportes jubilatorios, obra social y cuota sindical. También quedará exenta del pago de cualquier tipo de tributo.



• Cuando el dependiente no hubiese trabajado todo el año, el beneficio se reducirá a la parte proporcional correspondiente a los meses completos de servicios prestados.



• En caso de que el fin de la relación se dé antes del cierre del ejercicio, la liquidación de la parte correspondiente a los meses trabajados se hará al vencimiento de aquél.



Además, la norma contempla que para determinar el monto distribuible se tomará como base la declaración que hubiere presentado la empresa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a los efectos del pago del Impuesto a las Ganancias.



En caso de que las utilidades de las compañías resulten mayores a las declaradas, la empresa estará obligada a efectuar una distribución adicional, incrementándose las mismas en un 50 por ciento.



Quedarán exceptuados del beneficio quienes desempeñan tareas de nivel gerencial y directivo y el personal doméstico.



Procedimiento



De convertirse en ley, la empresa - dentro de los 5 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual del Impuesto a las Ganancias - entregará al sindicato de la actividad principal y a los empleados una copia de la misma.



Dentro de los 20 días corridos siguientes al vencimiento de dicho plazo, el sindicato de la actividad principal y/o la mayoría simple de los trabajadores de la empresa, podrán formular ante el Ministerio de Trabajo las observaciones pertinentes.



Luego, el Ministerio tendrá 30 días corridos para resolver esos planteos.



Cabe destacar que la firma deberá cumplir con dicha resolución independientemente de que la misma sea objeto del recurso administrativo correspondiente.



Si la apelación resulta favorable a los intereses de la compañía, los pagos efectuados podrán deducirse de las ganancias correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio.



Empresas excluidas



De acuerdo al proyecto, quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:



• Las empresas que se encuentren dentro de los dos primeros años de funcionamiento.

• Las compañías de industria extractiva de nueva creación durante el período de exploración.

• Las instituciones sin fines de lucro.

• Las organizaciones gremiales.

• Las cooperativas.

• Los organismos públicos de todos los niveles de gobierno.



Comisiones



El punto más controvertido, desde el punto se vista de los profesionales consultados por este medio, se presenta en que el proyecto propone crear una comisión para determinar qué empresas quedarán alcanzadas.



Dicha comisión estará conformada por un representante del Ministerio de Economía, otro del de Producción de la Nación, otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, los presidentes de las Comisiones de Legislación del Trabajo de Diputados y Senadores. Además, contará con un representante de la Confederación General del Trabajo (CGT).



Estará presidida de manera conjunta por los titulares de las comisiones de Legislación del Trabajo de ambas cámaras.



Fundamentos



De acuerdo a sus impulsores, se pretende que “el trabajador reciba una remuneración que guarde proporción entre el trabajo realizado y los bienes generados”.



Dicha participación, que responde a un mandato constitucional, busca "estimular al trabajador a un mayor interés personal en la producción y en general en los resultados de su labor, incrementando su rendimiento y permitiéndole, además, gozar proporcionalmente de los frutos de su esfuerzo y dedicación”.



También señalaron que “la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 110, establece que si se hubieran pactado este tipo de participación en las utilidades, siempre se liquidan sobre las llamadas `utilidades netas´, las que en términos contables, son la diferencia entre ingresos realizados y gastos incurridos”.



Esta materia ya está legislada en cinco países de Latinoamérica: México, Chile, Perú, Venezuela y Ecuador, que la implementaron de acuerdo a su realidad socioeconómica particular.



Repercusiones



Héctor Alejandro García, socio del estudio García & Pérez Boiani, consideró que “la iniciativa tiene una visión sesgada respecto al grado de contribución de todos los trabajadores en el resultado de una empresa, ya que excluye a los empleados que ocupan funciones o tareas de nivel gerencial o directivo, quienes por no tener un sindicato que los represente tampoco gozarían del beneficio amparado en un derecho constitucional”.



“Ésta es una clara discriminación que violenta a la propia Carta Magna”, agregó.



En tanto Javier Adrogué, socio del estudio Adrogué, Marques, Zabala y Asociados, indicó que “cualquier intento de hacer exigible el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas privadas debe ser objeto de un riguroso análisis técnico que evite zonas grises y de conflicto que terminarían por afectar el giro de las compañías”.



En este contexto, el proyecto tiene una pobre factura técnica porque “carece de una reglamentación razonable. Por ejemplo, se dice que la obligación de repartir ganancias alcanzará a las “empresas con fines de lucro” delegándose en una comisión, en tanto no queda clara la facultad de establecer cuáles serán estas empresas”.



En este sentido, Sergio Alejandro, director de la revista de Derecho del Trabajo de elDial.com, explicó que “en nuestro país ya se dieron algunas experiencias en esta materia, limitadas por acuerdos de ciertas empresas con su personal, donde se precisaron las particularidades esenciales para que el beneficio pudiera requerirse y relacionadas con la posibilidad de acciones de la compañía”.



“Este proyecto pretende imponer una distribución obligatoria de las utilidades a las empresas generando un cambio sustancial en las relaciones laborales”, agregó el experto.



“El sistema propuesto extraña una clara discriminación entre los trabajadores siendo fuente de conflictos laborales que, a la postre, resultarán negativos y perturbadores”, consideró.