Las pequeñas y medianas industrias productoras de biodiésel están viviendo una crisis sin precedentes en su historia en el país. Al fuerte golpe que generó la pandemia de coronavirus al sector, se le sumó el congelamiento de precios por más de 10 meses y una actualización que realizó el Gobierno nacional hace 60 días que no alcanza para cubrir los costos. Ante tamaño panorama, las empresas decidieron enviar una carta documento a la Secretaría de Energía intimando a que cumplan con la Ley y establezcan un precio razonable para que las plantas vuelvan a producir.
Así lo confirmó el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), Francisco Jáuregui a Infobae. Una treintena de compañías que componen la entidad enviaron cartas documentos a la Secretaría que conduce Darío Martínez para que en un plazo de 48 horas se publique el “precio de venta para la tonelada de biodiesel cuyos valores deberán ser suficientes para satisfacer todos los costos operativos y razonables aplicables a la producción, impuestos y amortizaciones, y una rentabilidad razonable”, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.093 y el Decreto Reglamentario 109/07.
En diálogo con este medio, Jauregui explicó que la entidad que dirige tomó esta determinación “después de 11 meses de no tener un precio de fórmula, casi 5 meses de plantas paradas, infinidad de reclamos, llamados y notas presentadas directamente a la Secretaria e indirectamente al Poder Ejecutivo de manera transversal. Como Cámara agotamos las instancias de las conversaciones y nunca logramos tener resultados”.
Según explican en la intimación a la Secretaría, en diciembre de 2019 se publicó como precio por tonelada $ 44.121 (que según CEPREB no se adecuaba al decreto mencionado) el cual se mantuvo durante todo el año 2020 hasta octubre, mes en que se fijó un nuevo precio, “de modo arbitrario y sin respetar fórmula de actualización alguna ni los costos del sector del mes inmediatamente anterior, en la suma de $ 48.533”.
“Es decir, en el transcurso del año 2020 sólo existió un aumento irrazonable, arbitrario, discriminatorio e ilegal del 10%, no habiéndose publicado tampoco precio alguno para noviembre y diciembre del corriente año” y agregaron que este último aumento la Secretaría lo determinó “a sabiendas que no resultaba suficiente siquiera para cubrir la compra de la materia prima y demás insumos básicos, y que ninguna empresa del sector iba a poder volver a operar con el mismo”.
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Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación (@dariomartinezpj)
Ante la consulta de Infobae, Jáuregui aseguró no conocer las razones por las cuales desde el Gobierno no hay respuestas a sus reclamos, pero afirmó que están “frente a un flagrante incumplimiento del marco normativo. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y la autoridad de aplicación no puede elegir un cumplimiento discrecional de la Ley. Sí sé cuáles son las consecuencias de no cumplirla, que es la crisis más grande y profunda que vive el sector de los últimos 10 años, sin un precio de referencia y con las plantas paradas”.
El directivo explicó que con el congelamiento del precio de referencia entre diciembre de 2019 y octubre de 2020, se produjo un atraso en el valor que aseguraría cubrir los costos y tener una rentabilidad “razonable” del 30% y que, a pesar de que en octubre del presente se aumentó un 10%, en la actualidad el atraso ya es del 40%. “Este descalce durante tanto tiempo para una industria pyme que ya venía golpeada de los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, pasa a ser terminal”, sentenció .
“Acuerdo de transición” y 10.000 puestos de trabajo en riesgo
Como sucede con otros sectores económicos en su relación con el Gobierno nacional, existe un diálogo entre las partes, pero las respuestas no llegan. En este sentido, Jáuregui explicó que se está buscando un plan de transición que permita a la industria volver a operar, en donde haya concesiones recíprocas.
“Nosotros estamos en diálogo con Darío Martínez y sobre todo con la Subsecretaria de Hidrocarburos hace dos meses por lo menos. Estamos buscando un acuerdo de transición por lo menos de tres a cinco meses para intentar achicar la brecha (entre los costos y los precios) y poner a la industria en funcionamiento haciendo ambas partes concesiones recíprocas. O sea, aumentando el precio para que permita operar y de alguna manera el productor haciendo el esfuerzo de entregar menos. De esa manera, el impacto no es tan grande. Eso estamos intentando destrabar, esperando repuestos, pero no termina de ocurrir”, agregó.
La falta de impronta gubernamental y la del cumplimiento a las normas establecidas, en conjunto con la pandemia, se perfilaron como un combo perfecto para una industria federal que abastece exclusivamente al mercado interno y que ya lleva cinco meses sin operar. Por tal motivo, Jáuregui consideró que “este año fue para el olvido”.
“Solamente hubo posibilidad de producción en marzo y abril y ahí empezó un descenso en los volúmenes de consumo y en la capacidad de producción y, a partir de los últimos 5 meses, la industria se encuentra paralizada en su totalidad. Es la primera vez en la historia que pasa esto. Con esa paralización están en riesgo casi 10.000 puestos de trabajo. Es la crisis más importante que está viviendo el sector”, concluyó
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