La construcción de laboratorios de investigación, la entrega de créditos que se ajusten al ciclo productivo y la entrega de tierras para emprendimientos asociativos están en la agenda inmediata del Ministerio de Agricultura. En un diálogo con EL TELÉGRAFO, el ministro Javier Ponce detalla esa hoja de ruta.
En el último viaje a Cuba se alcanzaron varios acuerdos, uno de ellos fue la construcción de una planta de producción de bioinsumos que estará ubicada en Quevedo. ¿Cuál es la meta?
Al mismo tiempo que tenemos que impulsar la aplicación de fertilizantes y pesticidas, queremos introducir en general insumos orgánicos. Tras el acuerdo con la empresa cubana Labiofam, la fábrica de bioinsumos permitirá reducir al menos el 30% del uso de pesticidas químicos. Esta fábrica es el núcleo de un sistema de generación de bioinsumos que incluye cuatro fábricas de menor dimensión a nivel de país, una ya está funcionando en Loja y tenemos que crear otras 3, que necesariamente cubrirán la Amazonía, Sierra norte y la Costa, pero aún están por definirse los sitios. Esas 4 fábricas pequeñas, junto a la que estamos construyendo con los cubanos, formarán un sistema de generación de insumos orgánicos.
¿Cuánto se invertirá en la fábrica?
Es una inversión de casi $ 45 millones y a eso se sumará una cantidad que aún no es posible precisar, pero que servirá para alimentar el proceso. Esos recursos serán totalmente financiados por Ecuador e inicialmente la fábrica trabajará con material de origen cubano hasta que produzcamos nuestros propios bioinsumos. Mientras tanto, ya estamos probando en el material cubano de marca Labitech en parcelas demostrativas de arroz en los cantones Santa Lucía y Colimes (100 m²) para probar las bondades y la aplicabilidad de ese material.
¿Cuáles son los beneficios de ese tipo de bioinsumos?
Primero, hay un beneficio ambiental porque son productos mucho más amables con el medio ambiente. Además, son productos que permiten disminuir los costos de producción y no depender de la importación excesiva de fertilizantes o pesticidas químicos que no se producen en Ecuador.
A más del fomento agrícola, la industria de la carne también reporta avances. ¿Ecuador está cerca de ser declarado libre de fiebre aftosa?
Hay dos fases. En este momento tenemos más de 36 meses de no haber vivido ningún brote de fiebre aftosa y la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) ya reconoció y aprobó el plan ecuatoriano de liberación de la fiebre aftosa. Con ello, el próximo año, en función de ese plan, la OIE declarará al Ecuador país libre de aftosa, lo que certificará que estamos en condiciones de exportar carne. Ahora, eso supone dos labores que deben iniciar ya: el mejoramiento de la genética animal, de la genética bovina y de los pastos. Para ello estamos concluyendo una cooperación con Nueva Zelanda, Argentina y Paraguay.
¿En qué consistirá esa cooperación?
En material genético, ya sea a través de inseminación artificial o la importación de ganado en pie -hembras fértiles- para mejorar la genética de las razas. El propósito es producir carne de mejor calidad para la exportación. Por otro lado, planeamos la construcción de al menos 4 centros de faenamiento de muy alto nivel para el procesamiento de la carne, para lo cual ya estamos en conversaciones con las asociaciones de ganaderos, con sectores privados y GAD que también podrían interesarse en el negocio. La idea es que no sea el Estado el que administre esos centros de faenamiento, sino el sector privado. Un ejemplo en Ecuador es Agropesa, una empresa privada de faenamiento ubicada en Santo Domingo que cuenta con tecnología de punta y condiciones higiénicas para el procesamiento de la carne y un aprovechamiento de todo el recurso que ofrece el bovino, con altos niveles de cuidado medioambiental para no contaminar las fuentes de agua.
Para proyectos como estos los productores siempre buscan financiamiento y generalmente acuden al Banco Nacional de Fomento (BNF), que está próximo a cerrar para convertirse en un Banco de Desarrollo rural y urbano-marginal. ¿Cómo será la transición?
Aspiramos a que el nuevo banco comience a operar en enero, pero evidentemente hay un proceso de desarrollo y de cierre paralelo que continuará el próximo año.
Al momento, el BNF continúa dando créditos, es falso que los han suspendido. El Banco seguirá funcionando con normalidad, incluso queremos impulsar con más fuerza la entrega de créditos para programas específicos del Magap, como la reconversión productiva, para el reemplazo de plantaciones de palma africana, programas de riego y drenaje en sectores como el banano, y créditos vinculados a la entrega de semillas y fertilizantes para productos como arroz, maíz, quinua, papa, etc.
¿Qué dificultades encontraron en el BNF que motivaron la reestructuración?
Es un banco sumamente pesado en procesos y es necesario simplificar los trámites para un crédito, eso hace que se otorguen a destiempo. Los créditos en el sector agropecuario tienen que ajustarse a los ciclos de siembra y de cosecha, a los ciclos productivos.
Eso no pasa en el BNF porque tiene una excesiva homologación de las características de los créditos, cuando los productos tienen diferentes comportamientos y diversos tiempos de producción.
Otro cálculo que hemos hecho es que el 80% del personal trabaja hacia dentro del banco y apenas el 20% hacia afuera. La intención es dar la vuelta a esas cifras. Luego hay un excesivo centralismo de los procesos en Quito y Guayaquil. Hay un sistema informático que debe renovarse para alcanzar mayor eficiencia. Esos son los problemas que trataremos de superar.
¿Cómo se proponen mejorar?
Resolviendo esos ‘cuellos de botella’ que hemos identificado.
Hay que modificar el sistema informático, hay que cambiar la relación interna-externa, hay que calzar tiempos en los microcréditos que no vayan más allá de 5 días, crear líneas de crédito.
Es necesario incorporar el concepto de crédito socio activo que no existe en el BNF en este momento, por ejemplo, creando una línea de crédito para la movilización de cosechas por parte de las asociaciones que ya cuentan con centros de acopio.
Una de las dificultades de los productores es cuando pierden sus cosechas por problemas de clima o la caída de sus ventas y piden la condonación de sus deudas con el BNF. El presidente Rafael Correa ha pedido la corresponsabilidad del productor a través del seguro agrícola, ¿está funcionando?
En este momento todos los créditos del BNF se entregan con un seguro agrícola, entonces ya no hay ese problema. El asunto es de orden cultural, hay que crear confianza en la población con respecto al seguro agrícola, y estamos en ese proceso.
¿Todos los funcionarios que hoy laboran en el BNF pasarán al nuevo banco?
Es prematuro hablar de eso porque hay que evaluar al personal. Lo importante es que respondan a los perfiles y a las necesidades del nuevo banco.
El BNF también ha tenido cuestionamientos por casos como ‘La Majadita’. ¿Cómo evitar eso en el nuevo banco?
Vamos a intensificar los controles, pero más que sobre el productor será sobre los operadores, porque el caso ‘La Majadita’ fue un problema de corrupción dentro del banco, no de los promotores. Se trata de reducir al máximo la discrecionalidad de los funcionarios sobre los procesos a través de un proceso automatizado.
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