La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) evalúa un cese de comercialización en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, ante el peligroso avance de los proyectos para establecer una nueva oblea para el transporte de granos y del proyecto del Estatuto del Peón Rural –propuestos por el Ejecutivo- elaborado de manera unilateral sin previa consulta con las entidades sectoriales involucradas.
El primer proyecto obligaría a incorporar una onerosa oblea, de un costo aproximado de $ 50 en cada Carta de Porte para el transporte de Granos. Lo recaudado, que podría llegar a los u$s 100 Millones por año, se destinaría a financiar las actividades de la fundación IVETRA. El avance de este proyecto tras la aprobación de la AFIP y de la Secretaría de Transporte contradice los anuncios realizados hace sólo un año desde la Presidencia de la Nación, afirmando la creación de una nueva Carta de Porte gratuita y segura.
Ahora se explican los verdaderos motivos, denunciados por CARBAP en su oportunidad, que tuvo el Gobierno para quitarle la emisión y distribución de estos documentos que, con seguridad inviolable y a un precio 10 veces inferior al de las nuevas obleas, realizaban Federación Agraria Argentina y la Federación de Acopiadores de Cereales.
El segundo proyecto que envió el Poder Ejecutivo modificando el Estatuto del Peón Rural, sin discusión ni debate previo, no tiene otra finalidad que desfinanciar y deslegitimar a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) intentando castigar a su Secretario General, Geronimo Venegas, por la posición que él ha asumido en el actual contexto político.
CARBAP entiende que estas actitudes arbitrarias e irresponsables de premiar y castigar a entidades sindicales alineadas y no alineadas, modificando estructuras jurídicas y tributarias nacionales, sin el previo debate con los sectores involucrados y de manera unilateral, ponen una vez mas en peligro la seguridad jurídica, hecho que perjudica enormemente a las instituciones y a la propia republica.
La Confederación realizará las gestiones parlamentarias necesarias para rever dichos proyectos, y en la medida que estos avancen unilateralmente en el Congreso Nacional evalúa un cese de comercialización.
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