El juez Fabio Monti abrió la investigación para la ministro de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, en la causa que investiga el crédito de 10 millones de pesos que el Gobierno le otorgó en 2013 a la empresa Alpesca, por entonces presidida por el polémico empresario Omar “Cura” Segundo, del cual sólo devolvió un millón y medio de pesos.
La audiencia fue en Rawson y el querellante Diego Martinez Zapata le agregó “malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad” a la imputación de “fraude a la administración pública” formulada por la Fiscalía. El Gobierno otorgó un “crédito huérfano de legalidad”, sostuvo Martínez Zapata.
El Gobierno le otorgó un crédito de 10 millones a Segundo, en su calidad de presidente de la pesquera. Inicialmente se intentó otorgárselo a través del Banco del Chubut, pero el Directorio se negó porque Segundo carecía de garantías.
Se optó por canalizarlo a través de CORFO, ente autárquico. A pesar de que los síndicos consideraron que no había garantías para recuperar el dinero, se le otorgó el préstamo. “Segundo sólo presentó una hoja pidiendo 10 millones y el crédito se otorgó en 24 horas”, sostuvo el fiscal Daniel Báez en la audiencia. “El expediente del crédito tiene 5 hojas: el pedido de Segundo y las hojas del decreto. Fue a sola firma”, indicó el fiscal.
La hipótesis de los fiscales es que “Segundo tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el ‘préstamo’, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que se concreta por CORFO”.
Según la versión del Gobierno, el juez Monti advirtió la falta de claridad y precisión de los acusadores en la investigación del préstamo. “La causa investiga el préstamo de 10 millones de pesos en el marco de las acciones de salvataje de la exAlpesca.Dicho monto fue destinado a cancelar los sueldos adeudados por la empresa a los trabajadores, habiéndose de destacar que el monto total fue depositado en las cuentas sueldo de cada uno”, dice una gacetilla de prensa del Gobierno.
“La Defensa Pública, utilizada por la ministra, solicitó dejar sujetas las actuaciones a la definición que debe aún tomar la Corte Suprema de la Nación, respecto de la competencia judicial”, agrega el parte oficial. Según el Gobierno, Monti reiteró que la causa podía avanzar en el tratamiento pero no fijar sentencia sin que antes se expida la Corte. “El juez finalizó la audiencia remarcando que los argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella servían para dar inicio y tratamiento a la causa pero que a los fines de probar las imputaciones se debería relacionar estrictamente las conductas de los denunciados con los hechos dando una descripción “clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye a la conducta del imputado”, dice la gacetilla. “Advirtió también el juez, la generalidad de la acusación y la necesidad de dar un grado mayor de precisión a los argumentos de los acusadores”, agrega.
Dufour manifestó: “El fiscal inventó la acusación. Otorgamos un crédito en el marco de la Ley, tal y como lo había hecho Mario Das Neves con cuatro casos anteriores. No inventamos nada, hicimos lo mismo que habían hecho ellos dada la gravedad de la situación social y la conflictividad en Puerto Madryn y la región, en ese momento. Estas denuncias han demostrado la falta de independencia del Ministerio Público Fiscal de un sector político, y eso es lo más grave. Deberíamos preservar la calidad institucional, y esa va a ser una de mis tareas dentro del Poder Legislativo”, concluyó.
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