La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP) reclama a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que desista de la requisitoria impuesta a los productores de soja para que notifiquen fecha y hora del comienzo de las cosechas, por considerar que esta exigencia es "de cumplimiento imposible en muchísimos y variados casos, por razones de orden técnico, climático, logístico, etc., exponiendo a los agricultores a infraccionar involuntariamente las exigencias mencionadas".
Mediante una nota enviada la semana pasada al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, CARBAP le manifestó que la recolección de granos depende de "numerosas contingencias e imprevistos, como la dependencia de máquinas cosechadoras itinerantes, lluvias, punto de rocío, humedad del grano, horas de sol, disponibilidad de transporte o de máquinas embolsadoras, capacidad de las plantas de acopio, suelos y caminos transitables para las tareas necesarias, provisión de combustibles, etc. etc".
Por estas razones, en su misiva CARBAP le solicitó a la AFIP la anulación de las exigencias impuestas a los productores de soja y señaló que "la tarea de vigilancia bien puede cumplirla la AFIP con todos los medios de información y observación con que hoy cuenta, sin violar la ley ni perturbar las tareas rurales (RENSPA verde, CTG, informe de capacidad productiva, etc.) ".
CARBAP sostiene sus propuestas por la simplificación fiscal para beneficio de la producción y de todos los productores, agobiados por crecientes exigencias burocráticas y manifiesta su preocupación por estas imposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos a los productores de soja, con el propósito de inspeccionar una producción extendida en algo más de 18 millones de hectáreas y estimada según los analistas, en manos de unos 90 mil agricultores.
Desde CARBAP sostenemos que la recaudación fiscal, herramienta necesaria para el sostenimiento del Estado y la aplicación de políticas públicas, debe sostenerse en normativas claras y cumplibles, todo lo contrario de estas exigencias que parecen fruto del desconocimiento o herramientas utilizadas por el Gobierno para perseguir injustamente a un sector que contribuye con impuestos, trabajo y producción.
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