Facultades delegadas

Posición del Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados de la Nacion; Ricardo Buryaile, ante el vencimiento de las facultades delegadas y retenciones a la exportación.

El próximo 24 de agosto caduca la norma que delegó en el Poder Ejecutivo la potestad legislativa y todo indica que dicha potestad no será prorrogada.

Existen dos posiciones de constitucionalistas respecto a que sucederá con las retenciones agropecuarias, por un lado, los que sostienen que los derechos de exportación caducarán como consecuencia de la cesación de la norma delegante y por otro lado quienes alegan que lo que caduca es la facultad del ejecutivo de modificar las alícuotas actuales, permaneciendo vigente la resolución que rija al 24 del corriente.

Puedo sostener, sin temor a equivocarme, que a partir del 24 de agosto lo que sobrevendrá es una inmensa ola de reclamos judiciales por los derechos de exportación, poniendo en peligro la totalidad de los ingresos que por este concepto recaude el fisco. Por ello resulta imprescindible que oficialismo y oposición acordemos la norma que regirá para los próximos años en el país, buscando evitar una judicialización del comercio y dándole previsibilidad a la producción y a la cadena agroalimentaria.

Estoy convencido que las retenciones son un mal gravamen, porque sacan de toda posibilidad de desarrollo a las regiones más alejadas de los puertos, y como formoseño no puedo sostener la imposibilidad de crecimiento productivo de mi provincia.

Las retenciones son un impuesto distorsivo, porque tenga ganancias o perdidas en la producción el productor debe pagar el 35% en el caso de soja, el 15 % en la carne , el 23 % en el trigo, y otros tantos porcentajes de acuerdo al tipo de producciones; además este tipo de tributo no incentiva la aplicación de tecnología ya que un aumento en la producción no diluye el peso del gravamen y fundamentalmente porque de los recursos que obtiene el gobierno nacional por este concepto solo cede el 30 % a las provincias, en lugar de coparticipar el 45% como en el caso del impuesto a las ganancias y fundamentalmente porque destruye el federalismo que consagra la Constitución Nacional.

Buscamos una norma que contemple a los productores de menores escalas, hoy marginados de toda movilidad ascendente y que les permita obtener más beneficios trabajando y arriesgando que alquilando su chacra.

Desde el oficialismo se habla del costo fiscal, pero no se menciona el desarrollo integral del país, el costo de una revisión del actual esquema de retenciones es insignificante si tomamos como parámetro lo que nos cuesta “futbol para todos”, amén de que no se pone en riesgo ni los “aumentos a los jubilados, ni la asignación por hijo” como sostiene el oficialismo, sólo se arriesga la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos por parte del ejecutivo.

Respecto a las declaraciones de un ministro referidas al dictado de instrucciones por parte de las corporaciones a la oposición, quiero decir que reunirse y escuchar no es sinónimo de abdicar en las convicciones, es un síntoma de madurez y de fortaleza, tenemos la legitimidad que nos otorga haber sido votados por la ciudadanía de nuestras provincias y no la prepotencia de un cargo para descalificar a quien piense distinto.

Ricardo Buryaile, Diputado Nacional.