Productores agropecuarios de Córdoba evalúan presentar una medida cautelar contra el impuesto a la riqueza

 

Los asesores legales de los productores definen al Aporte Solidario como “un impuesto”, y por tal motivo el mismo puede ser refutado por el contribuyente alcanzado por este gravamen, y dicho reclamo puede ser realizado ante la Justicia

En Córdoba, productores agropecuarios evalúan asesorados por un grupo de abogados las posibilidades que tienen sus empresas y como personas físicas de frenar ante la Justicia el pago del Aporte Solidario y Extraordinario que promueve la Ley 27.605, más conocida como el Impuesto a la Riqueza.

Las herramientas legales propuestas son presentar una “medida cautelar” ante la Justicia Federal y una “demanda de la acción declarativa de certeza” por considerar como inconstitucional el gravamen que promueve la norma sancionada por el Congreso Nacional.

Dicha posición es avalada por entidades del ruralismo cordobés como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a otras de base como la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), y del norte cordobés, la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), que difundieron un comunicado entre sus asociados con el título: “Impuesto a la Riqueza: podrán iniciar acciones legales quienes no se consideren alcanzados por la norma”.

En el escrito, el estudio Spinaccé–Capellino y Asociados, presentó los “pasos a seguir a los fines de analizar la situación particular de cada contribuyente: es urgente determinar en cada caso si son contribuyentes alcanzados por esta norma, ya que las vías legales disponibles para cuestionar el mismo se encuentran acotadas en el tiempo”.

Los asesores legales definen al mencionado Aporte Solidario y Extraordinario como “un impuesto”, y por tal motivo el mismo puede ser refutado por el contribuyente alcanzado por este gravamen, y dicho reclamo puede ser realizado ante la Justicia.

Los diputados del Frente de Todos, Carlos Heller y Máximo Kirchner, fueron los impulsores del impuesto a la riqueza

Al respecto, Agustín Díaz Cafferata, abogado especialista en derecho tributario y penal económico, y también socio del Estudio Cámara de Córdoba, indicó a Infobae que “claramente habrá productores que van a estar alcanzados por la norma, ya que incumbe a las personas físicas y sucesiones indivisas, donde no han sido aún designados los herederos, y que tengan un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos. Para las personas físicas que tienen acciones en una sociedad, deben valuar esas acciones y verán allí si están o no alcanzados por el tributo. El porcentaje que deben pagar es de un 2% y puede llegar hasta un 5,25%. También para quienes tienen bienes en el exterior”, explicó.

Según Díaz señaló Cafferata, “tenemos que pensar que este aporte extraordinario, que se realizaría por única vez, tiene todos los caracteres del impuesto. Esto quiere decir que el Estado no va a realizar ninguna retribución ni actividad en pos del contribuyente. Además es de carácter obligatorio”.

Inconstitucional

“Por ello, cualquier impuesto –dijo el abogado- puede ser tildado de inconstitucional. Allí el contribuyente que crea que dicho gravamen afecta su derecho de propiedad y la garantía de seguridad jurídica que tiene cada persona, puede iniciar acciones legales. Nosotros consideramos que es apropiada una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad, y se puede presentar ante cualquier Juez Federal, quien puede determinar si una situación particular puede ser o no constitucional para abonar el tributo”.

Díaz Cafferata comentó además que “la acción permite a su vez poder presentar un pedido de una medida cautelar. Entonces, el accionante podría pedirle al juez que cautelarmente le impida a la AFIP que le cobren este tributo”.

Consultado sobre si el contribuyente puede accionar una vez pagado el aporte extraordinario, el abogado comentó: “Una vez que se paga el tributo, se puede iniciar una acción de repetición, que puede terminar más de diez años, y el fisco si tiene que devolver el monto, lo hace con bonos que se cancelan a 20 o 30 años”.

UE: Piden más control sobre el bienestar animal en los acuerdos comerciales que la UE firma con otros países

Los grupos de organizaciones que defienden un mayor nivel de bienestar y de protección de los animales, piden a la Comisión Europea que en las negociaciones para la firma de acuerdos comerciales, como el que está pendiente de ponerse en marcha entre la UE y el Mercosur, se tenga más en cuenta aspectos como el bienestar animal.

El objetivo pasa por limitar la importación de carne de aves y vacuna de estos países y dejar únicamente entrar aquellos productos que tienen altos estándares de bienestar animal.

Además de suponer una igualdad de condiciones, supondría que los productores de otros países adoptaran los estándares europeos y contribuirían a los ODS de las Naciones Unidas.

El estudio de la CE sobre los impactos económicos acumulativos de los acuerdos comerciales en la agricultura de la UE mostraría cómo el acceso incondicional al mercado otorgado en los acuerdos de libre comercio (TLC) aumenta significativamente el comercio de productos animales, lo que impulsa la agricultura intensiva tanto en la UE como en el extranjero.

En él se examina cómo ha afectado el impacto de 12 acuerdos de libre comercio que la UE está negociando o concluyendo actualmente en el sector agrícola hacia 2030. Se encontró que cuando se aplicaron acuerdos de libre comercio, las exportaciones de carne de cerdo y lácteos de la UE crecieron, mientras que llegaron a la UE más carne de aves, vacuno y ovino importada.

Ante esto, Eurogroup for Animals estima que los productos importados no cumplen con la exigente normativa de la UE y, por tanto, el incremento de las importaciones de productos de otros países conllevan que los consumidores estén más expuestos a productos con menores niveles de bienestar animal. Al tiempo, los exportadores europeos están en inferioridad de condiciones a la hora de competir en mercados foráneos al competir con precios más altos.

El estudio encontró que se espera que los mayores aumentos en las importaciones provengan de los países del Mercosur, donde la agricultura intensiva se está extendiendo debido a las posibilidades de exportación a Europa y Asia. Esta tendencia, argumenta el Eurogroup, no solo implica malas condiciones de bienestar animal, sino que también plantea preocupaciones de salud pública en términos de zoonosis y resistencia a los antimicrobianos (RAM).

La intensificación de la producción animal también genera altos niveles de deforestación, lo que impacta en el bienestar de millones de animales salvajes: “El estudio confirma nuestra posición de que el acuerdo comercial UE-Mercosur, tal como está ahora, no solo es malo para los animales, sino también para las personas y el medio ambiente”, señala Eurogroup.