Tras casi tres meses de negociaciones, todo sigue estancado y –aunque se trata de un extremo que empresarios y trabajadores la mayoría de las veces pretende evitar– la situación parece indicar que los ajustes salariales en el sector rural serán sometidos a votación con las propuestas que presente el Poder Ejecutivo.
A diferencia de otros sectores, como la construcción, donde las trabas principales se superaron una vez que el Poder Ejecutivo aceptó una nueva flexibilización de los correctivos por inflación, en el sector rural las diferencias se centran de lleno en los porcentajes de ajustes.
Las partes volverán a reunirse esta semana, pero se da casi por descontado que será necesario poner a consideración las fórmulas que presente el Poder Ejecutivo. De hecho, en el grupo de negociación de los trabajadores rurales, el sindicato ya solicitó conocer por dónde irá la propuesta del gobierno.
En el sector agropecuario (incluye ganadería, lechería, arroz y agricultura) tampoco se registran avances. Una de las diferencias centrales radica en la negativa de las gremiales a reconocer el correctivo por inflación del convenio pasado, dado que no quedó redactado.
A comienzos de este mes el gobierno habilitó que se pagara, siempre que las partes estuvieran de acuerdo y aun cuando no formara parte de la letra de los acuerdos, ya sea por error u omisión.
“Nosotros teníamos una plataforma de 12 puntos, la achicamos a seis y después nos concentramos en cuatro. Realmente no avanzamos en nada. Es el único sector que no reconoce el retroactivo a julio de 5,66%”, dijo a El Observador la dirigente del sindicato de trabajadores rurales, María Flores. La última propuesta salarial realizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural contempla el pago de un ajuste de 3% y luego el pago de dos partidas de $500 cada una en 2017 y 2018.
“Aceptamos que estamos en un sector en problemas, pero no nos dan nada. El Poder Ejecutivo va a mandar su propuesta y después, seguramente, se pasará a votación”, dijo Flores.
A diferencia de otros sectores, como la construcción, donde las trabas principales se superaron una vez que el Poder Ejecutivo aceptó una nueva flexibilización de los correctivos por inflación, en el sector rural las diferencias se centran de lleno en los porcentajes de ajustes.
Las partes volverán a reunirse esta semana, pero se da casi por descontado que será necesario poner a consideración las fórmulas que presente el Poder Ejecutivo. De hecho, en el grupo de negociación de los trabajadores rurales, el sindicato ya solicitó conocer por dónde irá la propuesta del gobierno.
En el sector agropecuario (incluye ganadería, lechería, arroz y agricultura) tampoco se registran avances. Una de las diferencias centrales radica en la negativa de las gremiales a reconocer el correctivo por inflación del convenio pasado, dado que no quedó redactado.
A comienzos de este mes el gobierno habilitó que se pagara, siempre que las partes estuvieran de acuerdo y aun cuando no formara parte de la letra de los acuerdos, ya sea por error u omisión.
“Nosotros teníamos una plataforma de 12 puntos, la achicamos a seis y después nos concentramos en cuatro. Realmente no avanzamos en nada. Es el único sector que no reconoce el retroactivo a julio de 5,66%”, dijo a El Observador la dirigente del sindicato de trabajadores rurales, María Flores. La última propuesta salarial realizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural contempla el pago de un ajuste de 3% y luego el pago de dos partidas de $500 cada una en 2017 y 2018.
“Aceptamos que estamos en un sector en problemas, pero no nos dan nada. El Poder Ejecutivo va a mandar su propuesta y después, seguramente, se pasará a votación”, dijo Flores.
EL RECADO
También hay encima de la mesa otros aspectos extrasalariales que alejan a las partes. Por ejemplo, para los peones de a caballo que empiezan a trabajar en un establecimiento, el sindicato pretende que sean los patrones quienes suministren los recados. Hoy valen unos $20.000 y en la mayoría de casos se exige como requisito que sea el trabajador quien cuente con el recado al momento de ser contratado.
Un peón que recién ingresa a trabajar a un establecimiento rural percibe un salario de unos $13.500 nominales y una partida de alimentación y vivienda de $2.270. “Gana menos en un mes de lo que se pone a disposición de la empresa”, dijo Flores.
Desde 2008, los convenios salariales en el agro son sometidos a votación sin el respaldo del sector empleador.
El Ministerio de Trabajo había puesto la fecha de hoy como límite para cerrar la ronda de negociación, pero, como siempre ocurre, habrá algunos días más para que se firmen los acuerdos ya encaminados e intentar alcanzar una solución en los sectores donde todavía no la hay.
También hay encima de la mesa otros aspectos extrasalariales que alejan a las partes. Por ejemplo, para los peones de a caballo que empiezan a trabajar en un establecimiento, el sindicato pretende que sean los patrones quienes suministren los recados. Hoy valen unos $20.000 y en la mayoría de casos se exige como requisito que sea el trabajador quien cuente con el recado al momento de ser contratado.
Un peón que recién ingresa a trabajar a un establecimiento rural percibe un salario de unos $13.500 nominales y una partida de alimentación y vivienda de $2.270. “Gana menos en un mes de lo que se pone a disposición de la empresa”, dijo Flores.
Desde 2008, los convenios salariales en el agro son sometidos a votación sin el respaldo del sector empleador.
El Ministerio de Trabajo había puesto la fecha de hoy como límite para cerrar la ronda de negociación, pero, como siempre ocurre, habrá algunos días más para que se firmen los acuerdos ya encaminados e intentar alcanzar una solución en los sectores donde todavía no la hay.
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