A falta de un canal de diálogo establecido y coherente entre el gobierno nacional y los diferentes sectores productivos, los medios son el único escenario en donde se cruzan las opiniones. Y lo triste no es sólo esto, sino que los ataques y -en consecuencia- las réplicas son siempre las mismas.
En su habitual conferencia de prensa diaria, el jefe de gabinete Jorge Capitanich señaló que en el sector agropecuario los grandes productores no liquidan su cosecha tienen una actitud egoísta y resaltó que estos grupos "están privando así de canalizar ahorro e inversión, para que la inversión se traduzca en empleos y esos empleos en más y mejores salarios. Tiene que ver con avaricia u otro tipo de carácter especulativo".
Capitanich distinguió a los pequeños y medianos productores que tienen que “liquidar para pagar insumos del ciclo posterior de los que no lo hacen porque “tienen una mayor capacidad para almacenar y de ahorro".
Desde luego que ésta no es la primera agresión que recibe el campo. Dejando a un lado la decisión de ignorar los pedidos de audiencia que vienen haciendo hace años los ruralistas, las expresiones como “las cacerolas de la abundancia” para hablar de las manifestaciones contra la 125, y “el yuyo” para referirse a la soja, son dos hitos en la escalada de ataques contra el sector. En ambos casos, provinieron de la boca de la misma Presidente, que ahora avala a un funcionario que acusa al campo de retener el denostado pero imprescindible “yuyo”.
“Es evidente que el gobierno está buscando -como lo hizo siempre- culpables de sus propios errores en vez de implementar un plan integral para combatir la inflación reducir el gasto público, mejorar la competitividad real de la economía e incentivar la producción. El empleo genuino y el desarrollo”, manifestó la CEEA a través de un comunicado.
La dirigencia argumentó en el mismo documento que “los pocos productores agropecuarios que aún tengan cereales para vender están actuando con prudencia y no con avaricia, en un mercado donde todos sus insumos están atados a la cotización de un dólar futuro que desconocen y en un escenario de inflación que supera el 30% anual”.
Para la Comisión de Enlace es importante no perder de vista que los productores “deben afrontar los gastos de la presente campaña desconociendo el costo final de los insumos, sin financiamiento y con la responsabilidad de mantener las fuentes de trabajo y cumplir los compromisos contraídos”.
Este comportamiento, que puede considerarse sensato porque entiende el panorama real de un “empresario a cielo abierto”, para el gobierno es codicia. Y no sólo eso. Acusa al campo de no compartir el rumbo definido, en donde “lo importante es entender que la solidaridad desde el punto de vista de un modelo institucional, político, económico y social tiene que ver con generar las condiciones para que el ahorro se traduzca en inversión productiva”, como señaló el jefe de gabinete.
El sector agropecuario respondió con datos concretos a este sorprendente reclamo: “A esta altura del año, los productores ingresaron al país la misma cantidad de dinero por la venta de soja que el año pasado, más de US$ 13.700 millones. Cabe preguntarse por qué motivo el gobierno no los pudo retener”. La única certidumbre es que la experiencia indica que desde el oficialismo habrá una réplica, pero no necesariamente será una respuesta.
Alejandro Cánepa
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