lunes, 2 de septiembre de 2013

URUGUAY: MGAP: más intervencionismo

URUGUAY : Es muy notorio que en el mundo agroindustrial hay que pedir permiso casi que para todo: para importar frutas y verduras, para elaborar biocombustible, para poner un feed lot, para importar semillas, para exportar ganado en pie, para exportar carne, para vender agroquímicos, para escribir un texto en etiquetas de venta, para fabricar inoculantes, para plantar árboles, para aplicar algunos herbicidas y ahora, lastimosamente, para resolver qué plantar en cada campo.

Si a todos estos permisos le agregamos los ambientales -represas, bosques-, la obtención de guías, el caravaneo obligatorio, así como los certificados que hay que lograr para comercializar, contratar un crédito, etc., o las declaraciones juradas que hay que proveer -Dicose, Snig, tenedor de granos- todo configura un panorama horrible de trámites, de burocracia, lo cual no solo integra el costo país, sino que contribuye a seguir cerrando los espacios de libertad de los productores, que suelen admitir todo con una mansedumbre que un día va a desaparecer.
Para todo.
De todos esos permisos los hay de tres tipos. Están los inútiles, que no agregan ningún valor y que, como mucho, le generan algún provento a quienes los cobran. En segundo lugar están los que suponen proteccionismo puro y duro, en realidad trabas no arancelarias al comercio importador o exportador. En esta categoría están todos los permisos sanitarios para frutas y hortalizas, para importar pollos, para exportar en pie, etc. Integran también esta categoría los aranceles específicos del aceite, las normas en materia de vinos, la legislación sobre importación de biocombustibles, la protección del azúcar blanco, etc.
Finalmente en tercer lugar están los peores, que son aquellos permisos según los cuales el gobierno pretende establecer de modo obligatorio, a expensas de la libertad de la gente, el qué, cuánto y cómo producir, que no se puede admitir que sean otra cosa que decisiones privadas, individuales, libres, y jamás sujetas a permiso previo alguno, y sí en todo caso y cuando se lesione algún derecho, a responsabilidad posterior. Implican la peor intervención oficial ya que se meten en lo más íntimo de la decisión empresarial, microeconómica, a partir de una creencia vana que supone que el Estado -en este caso el MGAP- sabe mejor que cada interesado lo que le conviene más. En esta categoría entran los planes de uso y manejo del suelo, que nunca debieron salir del ámbito voluntario, ya que implican nada menos que el Estado sabe cuál es la mejor rotación agrícola y, peor aún, qué es lo que mejor tiene que hacer un empresario en bien de sus hijos. De esta forma qué plantar no es ya más una decisión libre, responsable, porque el MGAP cree saber mejor qué hacer, lo que es absurdo además de injusto.
Las semillas.
Con este mismo espíritu que parte de la base de que hay que proteger a la gente de sus propios errores, se anuncia que el Inase (Instituto Nacional de Semillas), resolvió proponer eliminar la llamada “clase comercial” en cinco especies de gramíneas: raigrás, avena, y otras. Una vez que rija completamente la nueva obligación, únicamente se autorizará la comercialización de semilla “certificada”. Los productores podrán continuar cosechando semilla únicamente para uso propio, pero estarán inhibidos de venderla. Todo configura nuevamente dirigismo; en un tema menor es cierto, pero que marca una línea.
El Inase tiene por cometido legal fomentar el uso de mejores semillas, entendiendo por tales las de la llamada categoría “certificada”, que dan garantías de una mejor identidad y pureza, luego de superar diversos análisis intervenidos por aquel organismo. Las normas para alcanzar esta categoría son rigurosas, así como las de etiquetado, para lograr una mayor transparencia en el comercio a partir de una mejor información. Ahora bien; hasta ahora y sin que se engañara a nadie, se venden las diversas categorías de semilla que reconocen diferente precio si es que su categorización agrega valor. La verdad que sobre esto tengo mis dudas ya que solo el 2% de la avena es certificada y el 12% del raigrás, lo que permite sugerir que la gente no prefiere la semilla certificada, al menos no tanto como para pagarla más.
Frente a esta realidad vienen los que creen saber más que la gente, decididos a imponer el uso de un tipo de semilla -la certificada- porque la gente no sabe qué es lo que más le conviene. Y de este modo proponen prohibir lo que la gente quiere hacer, en lugar de intentar lo obvio: informar, sugerir, convencer, persuadir a los productores para que usen lo que el Inase cree mejor. Pero si la gente no lo utiliza, tener la humildad y el suficiente respeto a la libertad para admitir que a lo mejor el tal instituto no es el infalible, que a lo mejor hay consideraciones que se le escapan y que, más importante aún, que la libertad supone el derecho de los productores a equivocarse. Este es un derecho que con mentalidades intervencionistas, con un inexistente reflejo de defensa de la libertad, se olvida. Es más relevante en una sociedad respetar el derecho a decidir que la suerte de la avena o el raigrás…
Atajos.
Puede haber gente que no desee pagar más por una semilla certificada por el Inase; puede haber productores que prefieran comprar la semilla que cosechó el vecino, cuyo comportamiento ellos mismos vieron; puede haber quienes crean que la semilla certificada en algunas especies no es mejor que la comercial para algunas situaciones. Frente a estas legítimas opciones, no puede ser que algunos pretendan imponer conductas económicas por sobre la libertad de la gente. Esto es simplemente tomar atajos para lo que alguien considera el bien común, eludiendo el camino más transparente, más republicano, aunque más largo que es el de la información, el consejo, la persuasión.
Este instituto donde trabaja tanta gente prestigiosa, está confundiendo lo deseable -lo que algunos consideran deseable- con lo obligatorio; y la agronomía con los derechos de la gente. Podría entenderse muy bien que fortalecieran sus disposiciones sobre etiquetado para evitar engaños comerciales. Pero de allí a imponer lo que parece supuestamente mejor, fabricando además un negocio para algunos, del que quedarán fuera todos los productores que deseen cosechar y vender, no.
Los que están en juego son principios republicanos demasiado importantes.

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