Los incendios y la ausencia de un estado eficiente.

Buenos Aires, 14 septiembre - Los últimos incendios en varias provincias pusieron  

   en evidencia nuevamente la falta de infraestructura del Plan  
   Nacional de Manejo del Fuego y de políticas de Estado anticíclicas  
   efectivas para atender en tiempo y forma las zonas damnificadas.  
    Existe una gran sequía en el centro y norte del país desde hace 
   un tiempo, zonas agrícolas que hoy están soportando una de las 
   mayores consecuencias de la misma, como son los incendios – 
   intencionales o no- que afectan los bienes rurales y urbanos en su 
   totalidad en varias provincias. 
    Más allá de la buena voluntad de las autoridades provinciales y 
   nacionales y de la solidaridad ciudadana, surgen de sus mismas  
   declaraciones la necesidad de equiparse de otra forma para poder  
   limitar el desarrollo de los incendios en extensión y en tiempo y  
   no quedar solamente expensas de Dios para que haga llover, porque 
   de otra forma no hay como terminar con los mismos.  
    Hay países que están muy bien equipados como Chile, que pueden  
   limitar el fuego en plantaciones forestales, trabajo mucho más  
   complicado que hacerlo en campo abierto.  
    A fin de año la presidente se comprometió al presentar 32  
   unidades terrestres para la lucha contra el fuego a la entrega de  
   77 vehículos especiales más durante 2013 y sólo se sumaron 13.  
    También en ese momento había comprometido 26 aviones hidrantes, 
   el país tenía 14, cuatro de ellos estaban destinados en Córdoba y 
   se agregaron dos más a último momento.  
    Si hubieran estado la totalidad de los prometidos  
   presidencialmente, la situación hubiera sido otra. 
    El cambio climático es una realidad, por lo tanto los bienes y  
   las inversiones rurales y urbanas no deben quedar desamparadas a  
   la buena de Dios por cualquier evento climático. 
    La idea central de esta iniciativa que vengo difundiendo, es  
   que los productores y ciudadanos tengan una cobertura integral por 
   los diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que 
   planifican y diagraman a largo plazo.  
    Una política para cubrir los riesgos climáticos tendría el  
   siguiente formato: 
    1. Una política de seguro para cubrir los riesgos previsibles,  
   con subsidios a las primas que incentive su uso, cambiando la  
   vocación aseguradora de nuestra sociedad. 
    2. Crear un Fondo Anticíclico Nacional para atender los  
   desastres por eventos rurales y urbanos no previsibles.  
    España, EEUU, Brasil, Colombia entre otros países aplican este  
   tipo de políticas activas que potencian los intereses del conjunto 
   al conseguirle más altos niveles de producción y exportación.  
    No es casual que esta política para cubrir los riesgos  
   climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio 
   (OMC): con subsidios "verdes" de hasta el 50% a la prima en los 
   seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a 
   pequeños productores.  
    Si estamos dispuestos a modificar esta relación del estado con  
   el sector agropecuario, ha llegado la hora que nuestra dirigencia  
   ponga en agenda este tema en esta campaña electoral y empecemos  
   a trabajar en una propuesta para el largo plazo.  
    Solamente un dato: el subsidio del 50% de la prima de seguro  
   agrícola como hace Brasil representaría solo 600 millones de pesos 
   anuales para las 19 millones de hectáreas aseguradas en el último 
   ciclo en la argentina. 
    Asumamos que para cubrir los riesgos climáticos actuales de 32  
   millones de hectáreas agrícolas, con una inversión anual de 80.000 
   millones de pesos, necesitamos políticas de estado para atenuar  
   las pérdidas de los productores.  
    Una pérdida de 5000 millones solamente en NOA no se puede  
   cubrir con la obsoleta ley de emergencia agropecuaria que dispone  
   de 500 millones de pesos como fondo. 
    Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos 
   fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor 
   implica finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.