El tema de la inseguridad se metió de lleno en la campaña electoral luego de que el candidato kirchnerista en la Provincia anunciara un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Un repaso por los principales planes oficiales de la década K arroja un resultado contundente: muchos de ellos coinciden con períodos electorales y ninguno logró convertirse en política de Estado.
A casi un mes de conocerse el resultado de las primarias, tanto el Gobierno nacional como el provincial anunciaron medidas relacionadas con la inseguridad. La presidenta Cristina Kirchner creó por decreto un nuevo Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad, y el gobernador Daniel Scioli decidió designar como nuevo ministro al ex intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. En el mismo sentido, el candidato a diputado nacional del FPV en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores, al igual que lo hizo el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.
En tiempos en que el tema de la inseguridad se coló de lleno en la campaña de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre próximo es válido preguntarse por la relación que existe entre los anuncios de planes de seguridad y el período de los comicios. Y, hasta qué punto, las medidas anunciadas se enmarcan o no dentro de políticas de Estado extendidas en el tiempo.
“Desde la instauración democrática, en general, los sectores políticos dirigenciales de la Argentina han desatendido los asuntos de la seguridad pública. Estas temáticas se convirtieron en un asunto políticamente relevante cuando la creciente sensación de inseguridad existente en la población comenzó a tener gravitación en la opinión pública y empezó a incidir en el desempeño electoral de gobernantes y dirigentes nacionales y provinciales”, señala Marcelo Saín, experto en Seguridad y actual diputado bonaerense por Nuevo Encuentro, en el libro Estado, democracia y seguridad ciudadana, publicado en 2008 por la ONU. El cambio, agrega, se produjo a fines de la década del ’90.
A la misma conclusión llega Gabriel Elías Ganón, profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR): “Como consecuencia de los cambios estructurales de tinte neoliberal operados durante el gobierno de Carlos Menem, las cuestiones vinculadas con la seguridad ingresan como eje de las campañas políticas. El primer ejemplo es Carlos Ruckauf, que fue gobernador con el eje principal de la guerra a la delincuencia. Estando la inseguridad entre las principales preocupaciones públicas, es claro que aparezca como eje de campañas”, dice.
Para Saín, “esa atención no se tradujo aún en enfoques integrales ni en políticas públicas estratégicas en la materia”.
En tiempos en que el tema de la inseguridad se coló de lleno en la campaña de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre próximo es válido preguntarse por la relación que existe entre los anuncios de planes de seguridad y el período de los comicios. Y, hasta qué punto, las medidas anunciadas se enmarcan o no dentro de políticas de Estado extendidas en el tiempo.
“Desde la instauración democrática, en general, los sectores políticos dirigenciales de la Argentina han desatendido los asuntos de la seguridad pública. Estas temáticas se convirtieron en un asunto políticamente relevante cuando la creciente sensación de inseguridad existente en la población comenzó a tener gravitación en la opinión pública y empezó a incidir en el desempeño electoral de gobernantes y dirigentes nacionales y provinciales”, señala Marcelo Saín, experto en Seguridad y actual diputado bonaerense por Nuevo Encuentro, en el libro Estado, democracia y seguridad ciudadana, publicado en 2008 por la ONU. El cambio, agrega, se produjo a fines de la década del ’90.
A la misma conclusión llega Gabriel Elías Ganón, profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR): “Como consecuencia de los cambios estructurales de tinte neoliberal operados durante el gobierno de Carlos Menem, las cuestiones vinculadas con la seguridad ingresan como eje de las campañas políticas. El primer ejemplo es Carlos Ruckauf, que fue gobernador con el eje principal de la guerra a la delincuencia. Estando la inseguridad entre las principales preocupaciones públicas, es claro que aparezca como eje de campañas”, dice.
Para Saín, “esa atención no se tradujo aún en enfoques integrales ni en políticas públicas estratégicas en la materia”.
Con tufillo electoral
Lo cierto es que menos de dos semanas después del resultado adverso en las PASO, la presidenta Cristina Kirchner creó el Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad. En este marco, se comunicó el envío de 4500 gendarmes de todo el país a distintas zonas de la Provincia, jurisdicción que registra la mayoría de los delitos.
Las críticas no tardaron en llegar. El abogado e integrante del área de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Pensar, Martín Casares, opina que lo que se hizo, en realidad, fue “trasladar por un tiempo determinado a una importante cantidad de personal de Gendarmería sin funciones específicas definidas, sin colaboración con los gobiernos municipales, sin analizar la problemática y conflictividad de los lugares donde se tendrán que desempeñar, sin ninguna capacitación (Gendarmería es una fuerza de naturaleza militar que no se encuentra entrenada para este tipo de intervenciones), y sin lugares adecuados dónde instalarse”.
Otra de las críticas que suenan contra la medida oficial apunta a que el envío de gendarmes tendrá una vigencia de 45 días, es decir, que finalizará justo antes de las elecciones de octubre. Berni por ahora lo desmiente y afirma que lo que habrá cada 45 días será una rotación de efectivos.
Diego Fleitas, director de la Asociación para Políticas Públicas y consultor en temas de seguridad ciudadana, se muestra esperanzado con el nuevo programa, aunque subraya que “hay una larga historia de conflicto y falta de cooperación dentro de las agencias de seguridad, y a su vez con las provincias” que no será fácil remontar.
Pero amén del tinte electoralista de los anuncios, Casares introduce otra faceta: dice que “en general, los cambios en las políticas públicas de seguridad no suceden sólo en épocas electorales, sino también luego de hechos delictivos resonantes con fuerte impacto en la opinión pública”, un apreciación con la que coincide el director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares: “Para la mayoría de los partidos políticos el tema seguridad integra la agenda de propuestas al momento de las elecciones y cuando se producen hechos que colocan en agenda pública el debate”.
Las críticas no tardaron en llegar. El abogado e integrante del área de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Pensar, Martín Casares, opina que lo que se hizo, en realidad, fue “trasladar por un tiempo determinado a una importante cantidad de personal de Gendarmería sin funciones específicas definidas, sin colaboración con los gobiernos municipales, sin analizar la problemática y conflictividad de los lugares donde se tendrán que desempeñar, sin ninguna capacitación (Gendarmería es una fuerza de naturaleza militar que no se encuentra entrenada para este tipo de intervenciones), y sin lugares adecuados dónde instalarse”.
Otra de las críticas que suenan contra la medida oficial apunta a que el envío de gendarmes tendrá una vigencia de 45 días, es decir, que finalizará justo antes de las elecciones de octubre. Berni por ahora lo desmiente y afirma que lo que habrá cada 45 días será una rotación de efectivos.
Diego Fleitas, director de la Asociación para Políticas Públicas y consultor en temas de seguridad ciudadana, se muestra esperanzado con el nuevo programa, aunque subraya que “hay una larga historia de conflicto y falta de cooperación dentro de las agencias de seguridad, y a su vez con las provincias” que no será fácil remontar.
Pero amén del tinte electoralista de los anuncios, Casares introduce otra faceta: dice que “en general, los cambios en las políticas públicas de seguridad no suceden sólo en épocas electorales, sino también luego de hechos delictivos resonantes con fuerte impacto en la opinión pública”, un apreciación con la que coincide el director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares: “Para la mayoría de los partidos políticos el tema seguridad integra la agenda de propuestas al momento de las elecciones y cuando se producen hechos que colocan en agenda pública el debate”.
Políticas zigzagueantes
Tal fue el caso del “Plan estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007″, presentado por el entonces ministro de Justicia, Seguridad y DD.HH., Gustavo Béliz, luego del asesinato de Axel Blumberg y la masiva marcha encabezada por su padre frente al Congreso de la Nación.
Algunas de las medidas que incluía ese plan eran: inversión de 1000 millones en tres años para el área; incorporación de 212 patrulleros para la Policía Federal; proyectos para reestructurar los fueros penales federales; impulso de los juicios por jurados; bajar la edad de imputabilidad a los 14 años; y la creación de una fuerza para delitos complejos.
Un informe elaborado en 2004 por el Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS) ya planteaba críticas a ese programa. “La implementación del Plan podría provocar la creación de un aparato de seguridad gigante, con controles débiles, y un sistema penal que gira únicamente en torno a la privación de libertad anticipada a la condena, sobrecargado con más presos pobres y mayor debilitamiento de las garantías constitucionales. Resultados nunca más alejados de la eficiencia que supuestamente se pretende alcanzar”, objetaba.
En los hechos, al menos dos de esas medidas nunca llegaron a implementarse (juicio por jurados a nivel nacional y baja de la edad de imputabilidad, hoy centro del debate). En 2009, Cristina Kirchner volvía a la carga con el tema al anunciar el programa Convivencia Ciudadana, mientras el ministro de Justicia y Seguridad de entonces, Aníbal Fernández, incorporaba 4000 miembros retirados de fuerzas de seguridad para que cumplieran funciones en patrulleros.
A principios de 2010, la misma gestión lanzó un refuerzo del programa, por el que se transfirieron fondos a los municipios del Conurbano para la compra de patrulleros y cámaras de seguridad. Lomas de Zamora, por ejemplo, creó con esos recursos un Centro de Protección Urbana para el monitoreo que implicó una inversión de 1,5 millones de pesos.
La implementación de cámaras y patrulleros también es un tema que volvió a sonar fuerte en estos días, aunque hay quienes opinan que no constituye una acción integral. “Las cámaras y los patrulleros son herramientas que pueden ayudar, pero no son en sí una política de seguridad”, señala Darío Kosovsky, miembro del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). Y agrega: “Pueden tener un efecto disuasivo, y en el caso de las cámaras pueden servir luego para la investigación, pero no atacan a las redes delictivas y pueden provocar un desplazamiento de los delitos hacia zonas sin cámaras”.
Ya a fines de 2010, cuando se produjo la toma de tierras en el Parque Indoamericano, la Presidenta dispuso la creación del Ministerio de Seguridad (a cargo de Nilda Garré). Y poco después se estableció el Operativo Centinela, que destinó 6000 gendarmes a zonas del Conurbano.
De igual modo, el Ministerio de Seguridad implementó en 2011 -año electoral- el “Plan Unidad Cinturón Sur”, que puso a más de 2500 efectivos de Gendarmería y Prefectura en el Sur de la Ciudad. Hubo una disminución de los homicidios dolosos, pero al tiempo el operativo se diluyó.
El envío de personal de Gendarmería a cubrir tareas en áreas del Conurbano también tiene distintas miradas entre los especialistas. El propio Saín expresó recientemente que aunque “contribuye a generar en determinados sectores medios la sensación de protección estatal”, se trata apenas de una medida temporal. “Técnicamente, la intervención de Gendarmería en el Gran Buenos Aires no mueve el amperímetro acerca de las problemáticas criminales”.
Fleitas, por su parte, resume a modo de cierre las distintas etapas por las que pasó la gestión en seguridad de los K: “Las políticas de seguridad siempre se caracterizaron por ser un área oculta, delegada en los hechos a las fuerzas policiales. El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tiene un récord mixto en el tema: empezó con Béliz, que quiso hacer reformas y tuvo efectos en la caída de robos de autos, pero fue seguida por un largo período caracterizado por el manejo del tema por Aníbal Fernández y un fuerte acuerdo de modus vivendi con las fuerzas. En la gestión de Garré, en tanto, hubo avances para un mayor control político de la seguridad, pero también mucha conflictividad político-partidaria”.
Por su parte, Pomares subraya que “no han existido, desde el retorno de la democracia, políticas en materia de seguridad pública que puedan catalogarse como de Estado. Aquellas que han pretendido transformaciones estructurales han tenido en el mejor de los casos el límite de una gestión”. Y agrega: “El denominador común de las propuestas de seguridad desde los ‘90 a la fecha ha estado orientado por propuestas efectistas de solución del fenómeno delictivo mediante el endurecimiento del sistema penal”.
“En general, las medidas de seguridad implementadas durante período de elecciones no continúan en el tiempo, pero sí permanecen las reformas generadas por el cambio de leyes aprobadas a las apuradas, sin debate adecuado y sin prever sus consecuencias e impacto”, considera Casares. “Lo que hace falta es un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que aborde el problema de la violencia y la delincuencia de manera integral, con objetivos definidos a largo, mediano y corto plazo”, concluye.
Algunas de las medidas que incluía ese plan eran: inversión de 1000 millones en tres años para el área; incorporación de 212 patrulleros para la Policía Federal; proyectos para reestructurar los fueros penales federales; impulso de los juicios por jurados; bajar la edad de imputabilidad a los 14 años; y la creación de una fuerza para delitos complejos.
Un informe elaborado en 2004 por el Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS) ya planteaba críticas a ese programa. “La implementación del Plan podría provocar la creación de un aparato de seguridad gigante, con controles débiles, y un sistema penal que gira únicamente en torno a la privación de libertad anticipada a la condena, sobrecargado con más presos pobres y mayor debilitamiento de las garantías constitucionales. Resultados nunca más alejados de la eficiencia que supuestamente se pretende alcanzar”, objetaba.
En los hechos, al menos dos de esas medidas nunca llegaron a implementarse (juicio por jurados a nivel nacional y baja de la edad de imputabilidad, hoy centro del debate). En 2009, Cristina Kirchner volvía a la carga con el tema al anunciar el programa Convivencia Ciudadana, mientras el ministro de Justicia y Seguridad de entonces, Aníbal Fernández, incorporaba 4000 miembros retirados de fuerzas de seguridad para que cumplieran funciones en patrulleros.
A principios de 2010, la misma gestión lanzó un refuerzo del programa, por el que se transfirieron fondos a los municipios del Conurbano para la compra de patrulleros y cámaras de seguridad. Lomas de Zamora, por ejemplo, creó con esos recursos un Centro de Protección Urbana para el monitoreo que implicó una inversión de 1,5 millones de pesos.
La implementación de cámaras y patrulleros también es un tema que volvió a sonar fuerte en estos días, aunque hay quienes opinan que no constituye una acción integral. “Las cámaras y los patrulleros son herramientas que pueden ayudar, pero no son en sí una política de seguridad”, señala Darío Kosovsky, miembro del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). Y agrega: “Pueden tener un efecto disuasivo, y en el caso de las cámaras pueden servir luego para la investigación, pero no atacan a las redes delictivas y pueden provocar un desplazamiento de los delitos hacia zonas sin cámaras”.
Ya a fines de 2010, cuando se produjo la toma de tierras en el Parque Indoamericano, la Presidenta dispuso la creación del Ministerio de Seguridad (a cargo de Nilda Garré). Y poco después se estableció el Operativo Centinela, que destinó 6000 gendarmes a zonas del Conurbano.
De igual modo, el Ministerio de Seguridad implementó en 2011 -año electoral- el “Plan Unidad Cinturón Sur”, que puso a más de 2500 efectivos de Gendarmería y Prefectura en el Sur de la Ciudad. Hubo una disminución de los homicidios dolosos, pero al tiempo el operativo se diluyó.
El envío de personal de Gendarmería a cubrir tareas en áreas del Conurbano también tiene distintas miradas entre los especialistas. El propio Saín expresó recientemente que aunque “contribuye a generar en determinados sectores medios la sensación de protección estatal”, se trata apenas de una medida temporal. “Técnicamente, la intervención de Gendarmería en el Gran Buenos Aires no mueve el amperímetro acerca de las problemáticas criminales”.
Fleitas, por su parte, resume a modo de cierre las distintas etapas por las que pasó la gestión en seguridad de los K: “Las políticas de seguridad siempre se caracterizaron por ser un área oculta, delegada en los hechos a las fuerzas policiales. El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tiene un récord mixto en el tema: empezó con Béliz, que quiso hacer reformas y tuvo efectos en la caída de robos de autos, pero fue seguida por un largo período caracterizado por el manejo del tema por Aníbal Fernández y un fuerte acuerdo de modus vivendi con las fuerzas. En la gestión de Garré, en tanto, hubo avances para un mayor control político de la seguridad, pero también mucha conflictividad político-partidaria”.
Por su parte, Pomares subraya que “no han existido, desde el retorno de la democracia, políticas en materia de seguridad pública que puedan catalogarse como de Estado. Aquellas que han pretendido transformaciones estructurales han tenido en el mejor de los casos el límite de una gestión”. Y agrega: “El denominador común de las propuestas de seguridad desde los ‘90 a la fecha ha estado orientado por propuestas efectistas de solución del fenómeno delictivo mediante el endurecimiento del sistema penal”.
“En general, las medidas de seguridad implementadas durante período de elecciones no continúan en el tiempo, pero sí permanecen las reformas generadas por el cambio de leyes aprobadas a las apuradas, sin debate adecuado y sin prever sus consecuencias e impacto”, considera Casares. “Lo que hace falta es un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que aborde el problema de la violencia y la delincuencia de manera integral, con objetivos definidos a largo, mediano y corto plazo”, concluye.
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