lunes, 9 de septiembre de 2013

Etchevehere: “El ministro Yauhar continúa ajeno a los problemas del campo”

 
 
 
“El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, continúa sin homologar los decretos de emergencia de las provincias y, de esta forma, sigue dándole la espalda a miles de productores agropecuarios”, dijo hoy el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere.
“Hace más de dos años que el norte argentino atraviesa la peor sequía en 50 años. Es por eso una absoluta necesidad que el Estado de respuestas concretas a estas inclemencias climáticas según indica la Ley. Para que la Ley de Emergencia entre en vigencia, la homologación de los decretos provinciales debe ser publicada en el Boletín Oficial. Esto, hasta el día de hoy no sucedió e
 impide que los productores agropecuarios accedan al alivio que les otorga la Ley”, señaló Etchevehere y agregó: “Urgen soluciones a los problemas de la sequía, pero el ministro se encuentra ajeno a esta grave situación ya que la campaña política seguramente le imposibilita al ministro dedicar tiempo a las responsabilidades que requiere su cartera”.


Más adelante, Etchevehere dijo que “el procedimiento para que los productores puedan ser alcanzados por los beneficios de 
la Ley que establece el Sistema Nacional para la  Prevención y Mitigación de las Emergencias y Desastres Agropecuarios, es claro. En primer lugar, los productores afectados deben estar declarados en emergencia o desastre por la Provincia, a través del Decreto correspondiente.

Luego, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios debe ser convocada para el tratamiento de la situación y aprobar o rechazar la emergencia o desastre según corresponda. Y, finalmente, de ser aprobada debe salir publicada en el Boletín Oficial para que los productores puedan obtener alguno de los beneficios que otorga la Ley”.

Entre las medidas de alivio que la norma contempla se encuentra la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre, hasta el próximo ciclo productivo a aquel en que finalice tal período y además, no estarán sujetas a actualización de los valores nominales de la deuda.

Por otra parte 
la Ley faculta al Poder Ejecutivo nacional para que pueda eximir total o parcialmente de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria, pudiendo extenderse el beneficio hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el mismo.

Además, se contempla la deducción del 100 por ciento de los beneficios derivados de las ventas forzosas que los productores ganaderos realicen de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina del impuesto a las ganancias, entre otros beneficios que pueden ser otorgados por los diversos organismos del Poder Ejecutivo.

Etchevehere se refirió también a los dichos de Yauhar acerca de la recuperación del stock bovino desde 
2009 a la fecha: “Lo poco que se recuperó fue por crecimiento vegetativo, y no por mérito de este gobierno que no quiso ver las nefastas consecuencias que la prohibición de exportar y la constante intervención a los mercados traería para los productores, para los consumidores y para el país en su conjunto: una drástica reducción del consumo de carne por habitante y el aumento del precio de la carne al consumidor como consecuencia de la escasez, la pérdida del equivalente a todo el stock bovino de Uruguay, la caída del puesto número tres al onceavo en el ranking mundial de exportadores de carne, el cierre de 128 frigoríficos y la pérdida de 13.600 empleos en el sector”.

Finalmente, el presidente de 
la Sociedad Rural Argentina dijo: “Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de rendir cuentas ante los ciudadanos por lo que ocurre en el ámbito de su competencia. Y a juzgar por los resultados, estas políticas fracasaron. Por eso, es tiempo de revertir las pésimas consecuencias de estas medidas y de pensar en un plan agropecuario en serio”.

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