El mafioso monopolio de la fruta en la era kirchnerista

Una simple manzana no baja de los $3. Esto es producto de un oscuro entramado monopólico. La desaparición de un trabajador golondrina destapó la olla de cómo funcionan las multinacionales que dominan el mercado

Una simple manzana de 220 gramos cuesta $3, la mitad de lo que, según los garabatos que dibuja Guillermo Moreno con el INDEC, le sale a una persona poder alimentarse por día. Lo inaceptable es que esto ocurra en un país como la Argentina donde la naturaleza bendijo al Alto Valle de Río Negro, para poder desarrollar una producción frutícola a gran escala.

De los 3 pesos de lo que cada argentino paga por una manzana, solamente unos centavos le que quedan del productor ¿El motivo? Un puñado de empresas que monopolizan el comercio interior y exterior, y que no por casualidad son amigas y beneficiadas por el poder político, se quedan con gran parte de las ganancias.

Desde que el kirchnerismo llegó al Gobierno, a pesar de llevar adelante un discurso crítico de la década neoliberal, sus políticas económicas han profundizado ese proceso. La concentración y extranjerización de las principales empresas en el país, de la mano con la destrucción de las economías regionales (ver aparte), y los avasallantes niveles de precarización laboral son tres características inevitables a la hora de hablar del modelo K.

En ese marco, hay un caso que está destapando la olla de un entramado mafioso que vincula a los monopolios de la fruta, la trata de personas, la precarización laboral y el encubrimiento estatal, policial y judicial. Se trata de Daniel Solano, uno de los más de 8.000 trabajadores “golondrinas” es decir, contratados por temporada, “en negro”, sin derechos laborales, que sumados a otros 8.000 trabajadores rurales permanentes y otros 10.000 del empaque realizan la cosecha en Río Negro.

Este obrero, miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, había viajado en octubre de 2011 desde su Tartagal natal, en la provincia de Salta, hacia la zona de Valle Medio de Río Negro, para trabajar en la cosecha de manzanas en el establecimiento de la multinacional Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque, a través de la empresa tercerizadora Agro Cosecha SRL, que lo había contratado. Desde la noche del 5 de noviembre de ese año no se supo nada más de él, pero el abogado de su familia realizó una investigación en la que da cuenta que fue asesinado por haber advertido la estafa millonaria de la que eran víctimas los trabajadores.

Mafia y saqueo

En la provincia de Río Negro, el 80% de las exportaciones de frutas quedan concentradas en 6 grandes empresas de capitales extranjeros, que pelean la monopolización de la fruta. La principal es Expofrut, originalmente del grupo Bocchi hermanos (capitales italianos), posteriormente comprada por Univeg (capitales belgas). Como miles de integrantes de comunidades aborígenes del norte, Solano había sido contratado por la empresa tercerizada Agro Cosecha. “Solano muere por este sistema de explotación”, señaló a Hoy el abogado de la familia Solano, Sergio Heredia.

Según relató el letrado, Agro Cosecha les retenía a los trabajadores al menos la mitad de su sueldo, cuestión que Solano advirtió y luego fue asesinado. “No solamente descubrimos que a Solano lo mata la policía, sino que también descubrimos un encubrimiento judicial, policial, empresarial, porque a Solano lo matan para encubrir una gran estafa de los últimos cuatro años, que más o menos oscila entre los 18 millones de pesos”, aseguró Heredia.

Este abogado realizó una investigación inédita, en la que no sólo rebatió la información brindada por la empresa, que indicaba que Solano se había ido a Neuquén, si no que descubrió cómo la policía local amparaba el accionar empresarial, con el aval a su vez de la Justicia.

El Gobierno nunca mencionó en ningún discurso este caso ni movió un solo dedo para investigarlo. No es casualidad, las responsabilidades no sólo alcanzan a las autoridades municipales si no que se trata de una red de trata de personas para explotación laboral que involucra a varias provincias y es hija de un modelo económico que beneficia a este tipo de empresas multinacionales.

Un mazazo a las economías regionales

Expofrut tiene sólo en nuestro país 25.000 has propias, y más de 21 galpones de empaque distribuidos en varias provincias. Trabajan los cítricos, la fruta de carozo, de pepita, uvas y piñas, y también tomate, ajos y cebolla. Es la segunda empresa mundial de comercialización de frutas y hortalizas, ya que posee hectáreas y galpones de empaque en varios países de Europa, Africa y América entre otros.

La firma tiene puerto propio en Holanda, desde donde comercializa a Europa y Rusia. Además de muelles propios en Madero, Campana, Bahía Blanca y San Antonio Este.

Esta empresa es seguida por Patagonian fruit, Ecofrut, Pai, Orsero y Salentein fruit. Todas forman parte de la CAFI (Cámara de fruticultores) a través de la cual coordinan con el Gobierno el precio mínimo de la fruta, perjudicando siempre a los pequeños productores.

Al igual que como pasa con la yerba o con la leche, el precio de la fruta en la verdulería o en el supermercado tiene subas constantes mientras que los pequeños productores apenas reciben entre 14 y 19 centavos por kilo, lo que no alcanza para amortizar sus costos.

Las vinculaciones y el silencio oficial

En el marco de la investigación de la desaparición de Solano, el abogado Sergio Heredia descubrió otras muertes dentro de la misma caus: “empieza a salir a flote en el caso Solano todo lo que significa la trata de personas, la explotación”.

El abogado explicó a Hoy: “Nosotros denunciamos a 34 personas, entre las que hay 22 policías, pero sólo hay 7 detenidos. Querían llevar a juicio sólo a los 7 policías, pero nosotros queremos llevarlos a juicio a todos”.

Heredia describió además que se trata de una asociación ilícita que involucra a civiles, empresarios, policías, funcionarios y jueces: “La primera jueza del caso, Marisa Bosco, era cuñada de un exgerente de la empresa, hoy está con juicio político. Después pasó un juez que es el que detuvo a los efectivos, que se llama Soto. Ahora pasamos a una tercera jueza que se llama Natalia Constanzo, y el gran problema que tenemos es que una de las abogadas puestas en un principio por la empresa a los Solano, que era asesora legal de la Secretaría de Trabajo de Lamarque, es prima hermana de esta jueza”. Esa abogada era la que le había dicho a la familia de Solano que Daniel se había ido a Neuquén “a cambiar de vida”.

En cuanto al rol de los Gobiernos provincial y nacional en el caso, Heredia fue claro: “Al principio el Gobierno de Río Negro apoyó, pero cuando vieron que se empezaban a vincular nombres de peso se corrió. Después vino el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, pero cuando se le pidió por oficio la ayuda no contestó nunca, la exMinistra Nilda Garré tampoco, dijeron que se les había perdido el oficio que les habíamos enviado”.

Todo sigue igual

“Este es un caso más grande de los más grandes casos de la Argentina porque encubre todo, encubre explotación, justicia corrupta, política corrupta, intendentes”, señaló Heredia.

La desidia estatal es tan grande, que incluso tras haber destapado la olla y habiendo un proceso judicial en marcha, la empresa tercerizada que tuvo participación activa en el asesinato de Daniel Solano, sigue funcionando.

“Cuando me empiezo a acercar en la investigación a la parte empresarial, cierra Agro Cosecha y se forma Trabajo Argentino, y Expofrut la siguió contratando al igual que antes. Queda claro que Expofrut sabe perfectamente lo que sucede”, señaló a Hoy el abogado.