Financiamiento bancario cubre solo el 10% de la necesidad del agro

CHILE : Estudio de la SNA calcula que la agricultura requiere al menos US$ 4.600 millones al año, pero las colocaciones de los bancos llegan a US$ 400 millones. Parte de la culpa radica en la informalidad de los productores, que no llevan contabilidad, por lo que no pueden demostrar ingresos ni flujo. También preocupa que, a pesar de la garantía estatal, no baja la tasa de interés.

El tema no es nuevo. Que no hay financiamiento para el sector y que cuando aparece es caro y con plazos que no se relacionan con la realidad agrícola. Cada tanto el tema salta al primer plano, especialmente en épocas de crisis. Los dirigentes salen a denunciar la situación y se arman comisiones, o se hacen sesiones en el Congreso para analizar el tema. Llegan los bancos y dicen que están atendiendo a este sector económico. Pero desde el agro, la situación parece distinta.

Lo que ocurre es que la realidad es más compleja de lo que parece.

Por un lado están las necesidades de financiamiento de los agricultores -para capital de trabajo, para desarrollar negocios, para reconvertirse, para reprogramar sus deudas- y la baja cantidad de créditos de la banca efectivamente colocados, y por otro, una gran cantidad de agricultores pequeños-medianos -sobre 100 mil- muy informales que no pueden demostrar su verdadera realidad económica ante las instituciones bancarias.

En suma, el sector agrícola requiere al año unos 4.600 millones de dólares -según estimaciones muy conservadoras que plantea la Sociedad Nacional de Agricultura, en un estudio hecho por su Departamento de Estudios (ver infografía)- tanto para mantener el stock de capital como para capital de trabajo complementado con recursos propios.

Frente a esa tremenda demanda se responde con US$ 400 millones anuales, que es el total de créditos con garantías Corfo colocado en el mismo año.

“La cifra es baja en proporción a los requerimientos. Representa menos del 10 por ciento de la demanda estimada. Además, tiene un bajo porcentaje de cobertura, ya que abarca el 55%, aparte de que los plazos son inferiores a dos años en promedio”, señala Ema Budinich, gerenta del Departamento de Estudios de la SNA.

La fórmula

Para llegar a esos números, en la SNA hicieron el cálculo, asumiendo que las estadísticas y los datos -que admiten son aproximados- son escasos en este tema. Para ello partieron planteando el capital de trabajo que requieren la fruticultura, las viñas, los cultivos y la ganadería, para lo que usaron las fichas técnicas de costos que la SNA mantiene para los principales cultivos y rubros. Por esa vía determinaron cuánto es el capital de trabajo que en cada temporada agrícola requiere cada uno de estos rubros.

Por ejemplo, se supuso una tasa normal de inversión y de reposición. El cálculo se hizo a partir, por ejemplo, de que en ganadería por lo menos una vez al año se repone el ganado que fue faenado ese año; o que el sector privado requiere financiamiento para los programas de mejoramiento de suelo, y entonces, si el Estado tiene US$ 5 millones anuales, y como la proporción es más o menos 40-60 o 45-55, entre lo que pone el Estado y el privado -y lo mismo para los concursos de riego-, llegaron a calcular la demanda. También se usaron las estimaciones del censo respecto de cuánto es el capital propio y los recursos externos que usan los agricultores en un año agrícola.

“Eso dio, más o menos, mitad y mitad. O sea, toda la agricultura funciona con recursos de su propio bolsillo, como capital de trabajo, inversión de reposición de activos, más o menos se da 50-50 a grandes rasgos”, señala Budinich.

Y si eso se compara con las colocaciones y las garantías y todo lo que está en la oferta, no llega ni al 10%.

“Ahí, entonces, se entiende por qué han surgido otras formas de financiamiento por parte de los proveedores que hay en todos lados. Son las empresas que venden insumos, las exportadoras o las cooperativas lecheras, entre otras, las que están financiando”, agrega.

El sistema funciona así: el banco prefiere pasarle la plata a estas empresas que la garantizan y, en una sola operación, esa empresa se encarga de fraccionar el crédito.

¿Y las garantías?

Lo que plantean en la SNA es que el sistema financiero formal le presta súper poco a la agricultura, a pesar de los programas públicos de apoyo, básicamente de garantías, como los Fogape -Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios-, Fogain -para empresas que no cuenten con garantías suficientes- y el sistema de garantías Corfo, el instrumento estrella, en cuanto a mejorar el acceso de las pymes al financiamiento. Incluso encuentran que tiene plazos cortos, ya que hasta las garantías para inversión tienen como promedio menos de dos años, cuando en realidad los ritmos de retorno y entrada en producción en el agro son más largos.

A ello se agrega que también viene cayendo el porcentaje de la operación de crédito que garantizan. Así, de los iniciales 70% a 75% con que partieron, ahora van en 54%, concentrados en los bancos.

Aun más, en la última sesión que encabezaron las comisiones de Agricultura y Hacienda sobre este tema quedó flotando una pregunta. ¿Cómo es que en Chile hay tasas de interés de 12% a 14% anual cuando el costo financiero a nivel internacional está entre 2% a 4%?

“No se percibe su impacto, porque el principio de este instrumento es de una señal de la política pública, que decía: señores del sector financiero yo respaldo el mayor riesgo que usted percibe en las pymes; por lo tanto, como me hago cargo de eso, usted tiene que bajarles la tasa de interés. Eso no se ve en ninguna parte”, señala Ema Budinich refiriéndose al sistema de garantía estatal.

Si no se ve diferencia en la tasa de interés, Budinich se pregunta ¿quién está ganando la garantía?, porque efectivamente las garantías se colocan. Lo que concluye es que se convierten en ventajas patrimoniales para los bancos.

“Mejoran la posición de reservas de los bancos, porque les permiten bajar las provisiones que tienen que hacer. La ley les establece provisiones a los bancos para respaldar las operaciones de crédito por tipo de cliente y por estructura de riesgo, pero resulta que ahora el banco hace la provisión por el 45% y pone la otra provisión que es del Estado y con eso liberan recursos”, señala Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.

La informalidad, la enemiga del crédito

Entonces, de acuerdo a la SNA, hay una brecha entre el sector que tiene los recursos y el que los necesita. En este escenario hay una parte de culpa de los agricultores.

“El banco dice muéstreme su proyecto. Dígame qué quiere hacer con la plata. Pero ese agricultor lo que tiene es el libro del IVA, pero ha vendido y ha comprado la mitad por fuera. Es renuente a informar la realidad, entonces se arregla solo. Prefiere incluso pagarle al que está en la esquina del banco que le cobra 15%. Hay una informalidad de base y eso es lo que hay que cambiar. Si tuviera un libro de compra y venta oficial, como Dios manda, con contabilidad simplificada, que indique cuánto vende, ya le pueden estimar los gastos generales”, señala Patricio Crespo.

Y, como, además, cuando llega al banco a pedir crédito, lo que le piden es que demuestre sus flujos, no puede. Y hasta ahí llega el diálogo.

“O sea, hay dos mundos que podrían trabajar juntos, pero hay alguien que tiene que hacer la pega entremedio. Es ahí donde uno dice ¿cómo no hay políticas públicas para hacer bancable a esta gente? Dentro de estas políticas podrían estar desde planes de formalización de los productores; o sea, que sean agrupados, que se pongan oficinas de apoyo contable, que les ayuden a llevar la contabilidad -que es un poco lo que hace, por ejemplo, Todoagro- y estas figuras que han ido surgiendo que hacen asistencia técnica, asistencia financiera y conexión con los bancos”, señala Crespo.

De acuerdo con los cálculos de la entidad agrícola, en la VI Región, basándose en la propiedad de los derechos de agua, el 90% de los titulares de estos derechos tienen menos de 70 hectáreas y tienen el 70% de la tierra agrícola.

“Es la clase media agrícola, que se las arregla no sé cómo, un montón de gente totalmente huérfana. Gente en la que, desde el punto de vista de la política pública, habría que invertir para darles más posibilidades. Pero no se saca nada con darles asistencia técnica o apoyo financiero, sin reconvertirlos enteramente”, comenta Budinich.

Lo que plantean como solución es capacitación, estímulos para la asociatividad, para la mecanización, todo un conjunto de temas para atacar su individualismo estéril y la informalidad.

1.500 millones de dólares se requieren solo para mantener el stock de capital, según el estudio de la SNA.

3.100 millones de dólares.