Jorge Aristi, de La Bragadense, asegura que se viven momentos de tensión en el pueblo por el nivel al que ha escalado el conflicto.
El conflicto entre acopiadores y empresas transportistas nucleadas en Atcade alcanzó niveles impensados. Del lado de productores y acopios denuncia aprietes, toma de plantas, piquetes y desabastecimiento en las principales ciudades del Sur de la provincia de Buenos Aires. Jorge Aristi, dueño de La Bragadense, denunció que personas ajenas al pueblo están sitiando la ciudad y provocando desmanes.
“Esta gente no es de Bragado, está contratada. Es una mafia de Quequén, una cámara que aglutina a 140 camiones de 4 empresas transportistas. Hay una puja entre ellos. Los directivos de la cooperativa de transporte de Bragado no hicieron nada mejor que contratar a estos matones para que vengan a apretar a los acopiadores en Bragado y nos tocó a nosotros”, denunció.
Aristi expresó que “hace 36 días que estamos bloqueados, no nos dejan salir con insumos ni cereal. Tenemos un contrato de trigo que no podemos cumplir. Nos están pidiendo que le demos el 80% de las cargas que hay en los silos y no quieren darle viaje a los otros transportes. Sé que no vamos a ceder”.
El dueño del acopio ubicado en Bragado (de allí su nombre), aseveró que han ocurrido incidentes de importancia por este conflicto. “Hubo escraches a nuestras casas y a nuestros hijos. Tiraron bombas adentro del patio. No hubo heridos. Hoy no dejaban salir a la gente de las oficinas. Es la metodología de estas mafias”, dijo.
Para Aristi, el aumento de tarifas es tan solo “una excusa” para justificar este desborde. “Se les dio un aumento, esto no es un problema de tarifas. Alguien los debe proteger, son muy fuertes. Esto no se hace trabajando, acá hay alguien que está protegiendo todo”, agregó.
Luego de resignarse a decir que “la situación está desbordada”, pidió tanto al gobernador Daniel Scioli como a su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, que se involucren en el tema. “Esto se soluciona el día que el gobernador o el jefe de seguridad de la provincia quieran solucionarlo”, afirmó.
“Miguel Aguilar (presidente de Atcade) tiene un juicio penal por nosotros. Dios dirá cómo seguimos. Esta gente se tiene que ir”, cerró.
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