martes, 14 de mayo de 2013

Ecuador: Seis normativas claves para impulsar el cambio de la matriz productiva


Al menos seis leyes se consideran básicas para impulsar la transformación del aparato productivo del país, como ha sido el ofrecimiento del Gobierno desde que empezó a administrar el país. El presidente Rafael Correa ha planteado la necesidad de cambiar el modelo productivo primario a uno industrial y tecnificado, basado en el conocimiento. 


Pero en seis años no se han visto cambios y la estructura productiva del país sigue siendo la misma, lo cual fue reconocido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en septiembre del 2012, cuando reveló que el 71% del aparato productivo del país se sostenía en la producción de bienes primarios, el 21% en bienes industrializados y el 8% restante en servicios. Para cambiar esto se busca diversificar la producción, generar valor agregado, sustituir importaciones e incrementar la oferta exportable, lo cual requiere, entre otras cosas, leyes que incentiven el cambio. 

Rossana Alvarado, integrante de Alianza País y primera vicepresidenta de la Asamblea, explicó que para este nuevo período el oficialismo tiene en carpeta varias reformas al Código de la Producción y a la Ley de Control de Poder de Mercado. Asimismo, se prevén modificaciones a la actual Ley de Contratación Pública. "Pero, el cambio de la matriz productiva pasa también por temas de ciencia y tecnología, leyes vinculadas a esos temas. Pasar de la dependencia de la producción primaria exportadora a un esquema de investigación y ciencia supone también leyes para promover la tecnología nacional", indicó. Los planteamientos han despertado expectativa en el sector privado, que esta vez espera que se logre empezar con la transformación. 

Un primer paso, según Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, consiste precisamente en concretar reformas que permitan atraer la inversión privada, dar seguridad jurídica y concretar acuerdos comerciales con diferentes países. Todo esto no implica abandonar a sectores como el agrícola primario. 

De ahí que asambleístas como Lourdes Tibán esperan que se logre debatir en última instancia el proyecto de la Ley de Aguas y que avance el análisis del proyecto de Ley de Tierras. "Son necesarias las modificaciones en el campo". Otros pasos El presidente Rafael Correa  firmó el Decreto Ejecutivo 1505, a través del cual se creó el Comité intersectorial para la transformación de la matriz productiva. Estará integrado por representantes de la Vicepresidencia, Senplades, etc. 

Entre las actividades del  ente está un espacio de política interministerial, a cargo del Ministerio de la Producción y trabajará en la creación del Ministerio de Comercio Exterior para impulsar exportaciones y sustituir importaciones. ¿Aclaraciones o reformas? Tras dos años de vigencia de la Ley de Control de Poder del Mercado el Gobierno ha descubierto que la normativa tiene vacíos. Hace un año el sector privado señalaba que la norma es amplia y que hay preocupación con relación a la aplicación de medidas como la de fijación de políticas de precios de los productos. 

También hubo críticas con relación a los procesos de investigación de las empresas que presuntamente estén abusando de su de poder en el mercado, lo cual podría traducirse en multas altas. María Rosa Fabara, presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, considera que debe haber aclaraciones más no modificaciones al texto. “Esto genera incertidumbre en los empresarios y eso afecta el cambio de matriz”. Un tema en pleno análisis La posesión de fuentes acuíferas, el uso del agua a escala industrial, la redistribución nacional de líquido vital, etc., son los puntos de la discordia en el proyecto de Ley de Aguas, que se encuentra en la Asamblea Nacional. 

Así lo explicó Lourdes Tibán, asambleísta por Pachakutik. Ella considera básico el proyecto para el cambio de la matriz productiva debido a que mejorará las condiciones en el sector agrícola. Por otro lado, la posesión y el uso del recurso es clave para las industrias textiles, químicas, alimenticias, entre otras. Para avanzar en el tratamiento del texto se espera que el oficialismo se pronuncie con relación a los resultados de la consulta prelegislativa, que se hizo sobre el tema. 

Si así lo deciden, dijo Tibán, deberán debatir y votar. Estado busca atraer inversión Tres años de vida tiene el Código de la Producción y el Gobierno ya analiza reformarlo. Rossana Alvarado, primera vicepresidenta de la Legislatura, indicó que aunque aún no hay un articulado definido, uno de los objetivos es atraer la inversión. El capítulo II del Código propone incentivos, principalmente tributarios, para la inversión. Pero desde que entró la norma en vigencia hubo quejas del sector privado porque no se aplicaban a todas las inversiones y porque algunos solo se hacían válidos en los procesos que se llevaban a cabo en zonas deprimidas. Los dos últimos años se han firmado siete contratos de inversión por USD 2 350 millones. Según el Gobierno, anteriormente no se había concretado ningún acuerdo, pese a existir los tratados bilaterales de inversión, de ahí la denuncia de estos instrumentos. 

Legisladores de otras bancadas como Patricio Donoso, de Creo, no comparten la eliminación de los TBI. Proponen que se busque una vía para garantizar las inversiones. También tienen su propio proyecto de incentivos productivos a través de la reforestación. Un ajuste a la realidad laboral Durante el período gubernamental de Rafael Correa se ha insistido en que el Código de Trabajo es anacrónico porque la norma data de 1938. De ahí que se ha planteado su reforma. Sin embargo, hasta la presente fecha el proyecto de Ley, en manos del Ministerio de Relaciones Laborales, no se ha presentado, aunque ya está listo. Este presenta temáticas relativas a conformación de organizaciones sindicales, mayor capacidad de acción a la cartera de Estado para exigir el pago de multas por incumplimientos laborales, etc. 

Uno de los elementos claves para el cambio de la matriz productiva dentro del proyecto es el de los modelos de contratación, para ajustarse a la realidad actual de los sectores económicos. Una vez que se presente, este será socializado. Las organizaciones sindicales, que el año pasado presentaron su propio proyecto de reforma, consideran que es necesario que se incluyan los aportes de los trabajadores. Asimismo, buscan participar en la revisión del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que se prevé se analizará. Garantías para el empresario Una nueva Ley de Contratación Públicas generaría garantías para la concreción de acuerdos comerciales con otros países, mecanismo que permitiría diversificar las exportaciones del país. De hecho, esta es una de las líneas rojas en el proceso para la negociación de acuerdos como el que busca el país con Europa. 

A escala nacional la Ley, basándose en el principio constitucional de que habrá preferencias para las empresas nacionales, permite impulsar la producción de bienes y servicios de micro, pequeñas y medias empresas. El Gobierno trabajará próximamente en la preparación del proyecto. Mientras que bancadas como la de Creo aseguran que han analizado aspectos sobre este y otros temas productivos, pero aún no hay nada concreto. Nueva forma de distribución La Senplades plantea que con la transformación de la matriz productiva se quiere contar con nuevos esquemas de redistribución de la riqueza y eliminar las inequidades territoriales. Uno de los mecanismos para lograrlo, “respetando la propiedad privada”, es contando con una Ley de Tierras. Así lo plantearon las legisladoras oficialistas Ximena Ponce y Rossana Alvarado. Mientras que la oposición considera que debe existir la Ley, pero que deben definirse los temas de redistribución, censos agrícolas, pago de precios a tierras baldías... El oficialismo asegura, por su parte, que debe definirse el mecanismo para dejar de ser pequeños propietarios de tierras. Reconoce que hay pocos avances y que ya se habla también de un Código Agrícola.

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