Descubrir la realidad después de ocultar los problemas

“A Cristina no le tiene que faltar trigo”, decía en noviembre de 2007 un asesor del entonces secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, cuando relataba sus esfuerzos por lograr que los productores recibieran el precio pleno por el cereal. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ya había metido mano en el mercado al obligar [...]

“A Cristina no le tiene que faltar trigo”, decía en noviembre de 2007 un asesor del entonces secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, cuando relataba sus esfuerzos por lograr que los productores recibieran el precio pleno por el cereal. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ya había metido mano en el mercado al obligar a exportadores y molineros que pusiera un techo en los precios. Faltaba un mes para que Cristina Kirchner asumiera su primer mandato como presidenta y en la Secretaría de Agricultura ya sabían los daños que iba a provocar en el mercado la intervención de Moreno. Pocos meses después, antes de la crisis de la 125, Cristina tuvo una cosecha de trigo de 16,3 millones de toneladas, la más alta de la era kirchnerista. Esa cifra nunca se iría a repetir en los años posteriores debido no solamente a la sequía sino a que el Gobierno llevó al extremo su idea de la defensa de la “mesa de los argentinos” con la fijación de cupos de venta para el mercado interno y externo, compensaciones a los molinos harineros y un programa de incentivo que nunca se llegó a aplicar, como el Trigo plus, en 2009. Mientras tanto, la Presidenta desoyó todas las propuestas que intentaron hacerle llegar, desde las más osadas de la Mesa de Enlace hasta las menos riesgosas para el “modelo” formuladas por el equipo técnico del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En el medio, el Gobierno se vanaglorió de que no se cumplieron las predicciones de que la Argentina iba tener que importar trigo. Un consuelo mediocre para la decadencia que ya se vislumbraba.

Tanta terquedad derivó, en la campaña pasada, en una de las menores superficies sembradas con trigo de los últimos 100 años y en las exportaciones más bajas de los últimos 35 años. Antes se provocó una fortísima transferencia de ingresos desde la producción hacia la industria molinera y la exportación por diferencias en los precios de 30 dólares por tonelada.

En ese escenario y ante el temor de que se siga sembrando menos trigo que en años anteriores, y por la necesidad de obtener dólares como sea porque la balanza comercial está desequilibrada, es que el Gobierno decide cambiar su política hacia el trigo. La Presidenta anunció el lunes pasado que, para la próxima campaña, los productores trigueros podrán solicitar la devolución de las retenciones (23%) ya que serán depositadas por los exportadores en un fideicomiso conformado en el Banco Nación. Este fideicomiso será controlado por la Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA) y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). Esa devolución de retenciones, previa declaración de la cosecha, estará a cargo de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesi), el organismo que reemplazó a la Oncca y funciona en la órbita del secretario Moreno. Según las primeras estimaciones de quienes participaron en el proyecto, las devoluciones se realizarían en marzo próximo.

La primera reacción de buena parte de los productores, que no participaron de la propuesta que AFA le llevó a Moreno, fue la de desconfianza. No hay nada de qué sorprenderse por esta reacción. El mismo gobierno que, por ejemplo, tarda un año en devolverles el IVA por la venta de granos a los productores y seis meses a los exportadores (se calcula que el atraso de la AFIP ronda los $500 millones en este último rubro) se presenta ahora como garante de confiabilidad. Es la misma administración que a los feedloteros e industriales avícolas les paga un año después y con un bono la deuda por las compensaciones. Y es el mismo Gobierno ante el cual los productores tabacaleros deben ir a golpear las puertas del Ministerio de Agricultura para que les paguen lo que fija la ley del Fondo Especial del Tabaco (FET).

La única declamación sobre lo positivo de esta medida podrá hacerse cuando la Ucesi acredite efectivamente el pago de la devolución por los derechos de exportación. Si el Gobierno admite que puede ir sobre sus pasos, y es capaz de hacer leves modificaciones a su habitual ortodoxia, tiene más opciones disponibles para alentar la siembra de trigo. Entre ellas, la desgravación impositiva para el uso de nutrientes, tema en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura. La propia Presidenta reconoció la importancia de la rotación de cultivos y destacó las ventajas de apostar el ciclo trigo-soja. Medidas de este tipo no necesariamente provocan una merma en los ingresos fiscales porque con la reactivación de la actividad finalmente la recaudación se recupera. Es lo que parece que han entendido con el trigo.

Por supuesto, la solución correcta sería la eliminación de los derechos de exportación y del sistema de cupos. El argumento de que las retenciones sirven para despegar los precios internacionales de los locales quedó sin efecto por la suba constante del índice de precios.

En las últimas dos semanas, al acelerarse el ritmo de las liquidaciones de divisas, conforme avanza la cosecha, el Gobierno se dio cuenta de que el campo es el principal proveedor de dólares auténticos. Aunque tarde, siempre tiene la oportunidad de dejar de intentar destruir al sector más dinámico de la economía nacional y potenciar su capacidad. El mundo está ahí, esperando..