Miles de empleos siguen en riesgo en la pesca

El Consenso Pesquero Nacional volvió a advertir que la agudización de la crisis del sector hace peligrar alrededor de 40 mil empleos en el país, de los cuales la mitad corresponden a la Patagonia, y la otra a los ‘puestos de trabajo’ directos e indirectos de Mar del Plata.

Sostienen que la crisis financiera y de índole económica profundizará los conflictos sociales si desde el gobierno federal no se adoptan medidas que atiendan los problemas de fondo, y no se limiten a acciones cortoplacistas de coyuntura que no modifican, ni impactan sobre el esquema global de la actividad.

El nucleamiento de empresas marplatenses y patagónicas, a pesar de competir en un mismo mercado, ratifican en forma conjunta que hay problemas estructurales que afectan en forma generalizada a la industria pesquera nacional, y que a pesar de los insistentes planteos en este sentido, las demandas no han sido atendidas, ni en tiempo ni en forma.

Tres consideran que son los ejes centrales en cuanto a los factores endógenos que provocan y ciñen a la pesca argentina, afectando por igual a las pesqueras bonaerenses que a las radicadas en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego, y tienen que ver con la “pérdida de la competitividad”, el “aumento de los costos” incluso por encima de la inflación, y puntualmente señalan que la “política cambiaria” como el de mayor incidencia en la ecuación global del negocio pesquero.

Hace diez días, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, el titular de la cartera y el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca recibieron a representantes del Consenso Pesquero Nacional que cobija a empresas y cámaras de todo el país, y en las próximas horas se llevaría a cabo un nuevo encuentro donde el gobierno nacional daría a conocer medidas concretas, según prometieron el 27 de marzo. La verdad sea dicha, expectativas existen, pero pocas que se vaya a trabajar sobre los problemas de fondo, que no son nuevos ni se avizoraron recién este año, sino que se los arrastra de los últimos cinco años; en materia cambiaria las expectativas son nulas si se tiene en cuenta la línea de la política económica nacional.

Los reclamos del sector ponen énfasis que la espiral de los costos internos de producción hasta han triplicado la suba del dólar oficial, lo cual les quitó competitividad, y esto arrastra balances negativos a un número importante de empresas. También es cierto que el sector pesquero argentino es muy heterogéneo, y sus realidades varían de unas a otras, tanto por sus dimensiones y volumen histórico exportable, como además hay diferencias entre las que tienen plantas en tierra, importantes dotaciones de personal en relación de dependencia, que las que su explotación pesquera se circunscriben a flotas cuyo proceso se hace a bordo.

No obstante, hoy desde las pymes hasta las pesqueras multinacionales coinciden en los factores negativos endógenos que tiene el país en materia pesquera.

En cuestión de horas, de cumplirse la promesa oficial, se daría a conocer algún tipo de medidas, pero ciertamente parece poco probable que algunas de ellas tenga que ver con lo que consideran el “retraso cambiario”, sino que se pondrían en práctica otras de menor alcance, sobre las que el Consenso Pesquero Nacional advirtió que los paliativos cortoplacistas no revierten la problemática de fondo, y consecuentemente siguen peligrando 40 mil empleos directos e indirectos en la pesca argentina, mitad de los cuales corresponden a la Patagonia y la otra a la industria pesquera y anexos con base en Mar del Plata.

Por otra parte, vale recordar que el 19 de junio de 2012 dejaron de tener vigencia las quitas porcentuales de los derechos de exportación de productos pesqueros, una medida que fue anunciada como un gran aporte para contrarrestar la crisis, pero que en términos prácticos fue de escasa aplicación por lo engorroso y discrecional que resultó calificar para las mismas ante la Aduana.

Con todo, la medida estaba técnicamente orientada a quitarle presión fiscal a las compañías de la industria pesquera que se encontraban apremiadas por la crisis, pero traducido en términos llanos, los requisitos que se demandaba solo podrían ser cumplimentados por empresas que no estuvieran en crisis, que no tuvieran deudas ni hubieran achicado sus estructuras productivas, de allí el contrasentido.

El CPN insistió en señalar que el deterioro de los últimos años, de la relación ingresos provenientes del comercio exterior y costos internos ha generado la pérdida del capital de trabajo de las empresas y el endeudamiento de las mismas. Para graficar esta cuestión las empresas explican que “el sector gasta en pesos para producir, exporta sus productos a precios aceptables en dólares, pero cuando ese valor es transferido en dólares a pesos nos encontramos que esa cantidad de pesos no compensa lo que se ha gastado para producir”.

En esa línea alertan que la crisis financiera primero, y económica después, repercutirá inexorablemente en la esfera social más aún de lo que ya ha impactado. A estas alturas hasta resulta ocioso reiterar la contracción que tuvo la industria pesquera y los miles de puestos de empleo que se perdieron, aún así, las fuentes laborales todavía en pie sostienen que enfrentan serios peligros de continuidad.

En Chubut, a fines de mayo, es decir en 45 días, deberán comenzar a discutir salarios, y en este contexto las partes reconocen que será difícil encontrar puntos de coincidencia, entre la legítima demanda de actualización salarial y las posibilidades reales de las empresas, según sostienen.

Un nuevo cuello de botella se presenta en el sector, y la experiencia indica con claridad meridiana que cuando eclosiona entra en riesgo la paz social.