Viviana Uriarte, productora y abogada de la zona, explicó los alcances de la medida cautelar que exige al municipio más estudios ambientales al respecto.
La Justicia ordenó barajar y dar de nuevo. Por el pedido de una vecina de Dolores, el juez Escobar, en lo Contencioso Administrativo, dictó una medida cautelar que ordena detener la construcción del parque termal. El mismo es resistido por los productores ganaderos de la zona, porque entienden que contaminará el Canal A, único reservorio de agua para sus animales.
Viviana Uriarte es integrante del grupo “Ganaderos de Pie Autoconvocados” y es una de las más importantes activistas contra la construcción de este proyecto inmobiliario. Además, es abogada, y explica qué significa la medida del juez: “Ordenó a la municipalidad y a las empresas que se abstengan de iniciar sobre el predio todo tipo de obras complementarias. No pueden iniciar tendidos de redes eléctricas ni ninguna construcción. Esto es hasta tanto el municipio complemente todos los requisitos, que hoy no tiene, como un estudio de impacto ambiental independiente y la declaración de impacto ambiental de la autoridad del agua”.
Luego, manifestó que en Dolores se encuentran “preocupados” por lo que ocurre con este proyecto. “Sería bueno que otras ciudades prendan una luz de alerta y que la experiencia nuestra sirva para otras ciudades. Hay proyectos para termalizar toda la provincia de Buenos Aires. Se van a afectar otros cursos de la provincia. Estas ciudades, cuando escuchen hablar de proyectos termales, abran los ojos. Pidan información sobre qué piensan hacer con el agua residual, dónde la van a volcar. No dejen pasar el tiempo”, pidió.
El Canal A, que nace en el partido de Dolores, pasa por Tordillo y desemboca en la bahía de Samborombón, es un afluente que tiene poco caudal y, como explica Uriarte, “los productores dependen de este curso de agua. (Si continuara el proyecto) se iban a ver perjudicados en forma desastrosa”, ya que el agua de las termas que allí sería volcada tendría contaminación. Por ello, la Justicia pidió “realizar una evaluación de estudio ambiental, remitirlo al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y luego de ver a los estudios, emitir el certificado de impacto ambiental. Todo eso no está”.
Sin embargo, las empresas pueden continuar con el trabajo de enaltado de la zona, lo cual pone a los vecinos en alerta: “¿Qué va a pasar si llueven cien milímetros en pocas horas? Este emprendimiento va a estar tapando el drenaje natural del agua que pasa por allí”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.