Inundaciones: un fondo desvirtuado

Antes de la actual, las últimas grandes inundaciones (por su magnitud y permanencia) que padeció la región centro de la República Argentina, ocurrieron durante el año 2001. Sólo en la provincia de Buenos Aires, en dicha fecha, se estimaron que alrededor de 5 millones de hectáreas, es decir gran parte de su territorio, estuvieron bajo [...]

Antes de la actual, las últimas grandes inundaciones (por su magnitud y permanencia) que padeció la región centro de la República Argentina, ocurrieron durante el año 2001.

Sólo en la provincia de Buenos Aires, en dicha fecha, se estimaron que alrededor de 5 millones de hectáreas, es decir gran parte de su territorio, estuvieron bajo las aguas, afectándose severamente áreas rurales, pueblos y ciudades con grandes daños en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, especialmente en materia de comunicaciones.

Reconocida oficialmente la catástrofe, el gobierno de entonces declaró primero la emergencia y desastre en el marco de las leyes 22.913 y 24.959 y luego la exención impositiva y previsional a todos aquellos sujetos económicos que desarrollaban su principal actividad en dicha zona (Decreto Nº 1386/01). Inclusive, además de concurrir con fondos nacionales, se redireccionó un crédito de US$ 12 millones del Banco Mundial para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de las redes viales secundarias y terciarias de las poblaciones afectadas.

Y para realizar las obras que se necesitaban para evitar que las inundaciones se repitieran, y con ese fin específico, por Decreto Nº 1381 que el entonces presidente Fernando de la Rúa firmó en noviembre del año 2001, se creó el Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica (también llamado Fondo Hídrico Nacional). Dicho Fondo, operativo desde entonces y hasta el presente, se constituyó con un aporte extraído del precio del litro de nafta y el metro cúbico de gas natural comprimido, estimándose recaudar, con los valores, el consumo y la paridad cambiaria de aquella época, entre 250-300 millones de dólares por año.

Con el mismo se previó financiar, por ejemplo, la construcción del Plan Maestro para la Cuenca del Río Salado, que demandaba -según lo estimó una consultora internacional por aquellos tiempos- una inversión en obras de US$ 1800 millones en 11 años.

Y se financió también parte de la obra prevista para el desagote de la laguna La Picasa, en Santa Fe, cuya estación de bombeo en la denominada “alternativa norte” se puso en marcha el 1602/06 demandando una inversión de US$ 200 millones, parte de los cuales se adelantó desde el gobierno nacional, en la fecha de entrada en vigencia del Decreto Nº 1381.

Once años después, no sólo han reaparecido las inundaciones -centralmente en la provincia de Buenos Aires- sino que, según un trabajo del diputado nacional Carlos Brown (Bloque Frente Peronista-Buenos Aires), cumplido ya el plazo previsto para la realización del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, “el estado de ejecución del mismo es estimativamente de sólo el 20%”. Ello ocurrió porque el actual gobierno nacional logró, mediante la ley Nº 26.181/2006, eliminar la especificidad rural que tenía el destino de los recursos del Fondo creado por el Decreto 1381/01 que nos ocupa.

Según Carbap, la inundación actual ya representa pérdidas por US$ 1000 millones, lo que equivale al total de la inversión faltante para concluir las obras pendientes de la Cuenca del Salado y solucionar de forma definitiva el problema.

Las obras en áreas rurales fueron incluso paralizadas por completo durante el período 2006-2008 donde, por el contrario, aumentaron los desembolsos para las áreas urbanas (saneamientos). Finalmente, es importante señalar que, el Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica, no fue creado sólo para la provincia de Buenos Aires, ni para una obra específica, sino para los problemas de tal índole que pudieran presentarse en cualquier punto de todo el territorio nacional. El Fondo sigue recaudando; las obras no se realizaron. Es importante recordarlo. Los responsables deberían dar explicaciones.