Gobierno confía en que hasta 2013 no habrá consecuencias

La Argentina pagará hasta diciembre todos los vencimientos de capital e intereses, en dólares, correspondientes a los bonos que están afectados por el fallo del viernes pasado de la Justicia norteamericana. En total serán unos u$s 4.000 millones que, según fuentes del Gobierno de Cristina de Kirchner, ya están disponibles en la cuenta del Banco Central. Esto incluye la liquidación de los intereses de tres títulos públicos (Discount, Par y Global) por unos u$s 500 millones, y los u$s 3.500 millones que en diciembre se pagarán por el Cupón PBI

Según el Ministerio de Economía, el fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, no implica ninguna decisión inmediata para la Argentina; y según los primeros datos que llegaban desde el estudioCleary, Gottlieb, Steen y Hamilton que defiende la posición argentina, la definición del caso demandará mucho tiempo y se conocerá recién ingresado en 2013. Con esto, todas las liquidaciones de 2012 estarían garantizadas.

Según lo que aclararon esos asesores legales del país este fin de semana, ahora será el juez Thomas Griesa el que deberá tomarse un tiempo para resolver la cuestión de fondo y determinar cómo debería pagar la Argentina a los tenedores de títulos que no ingresaron en los canjes de deuda 2005 y de 2010. En ambos llamados, la Argentina priorizó a los bonistas que aceptaron ingresar a las propuestas, lo que para los fondos buitre fue una violación al derecho a igualdad de condiciones.

Según declaró el viernes el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, «este evento generado por la cámara no altera en absoluto el statu quo actual en lo que hace al normal cumplimiento de pago de deuda.

La decisión judicial del viernes remite a la cesación de pagos que declaró la Argentina sobre una deuda de 100.000 millones de dólares en 2002, y a futuro podría afectar el tratamiento que los países, que buscan dejar atrás grandes crisis financieras, darán a los acreedores que rechazan sus ofertas.

La Corte de Apelaciones dictaminó que la Argentina violó la provisión de «tratamiento igualitario» en los bonos en forma unánime, al considerar a los tenedores de deuda que no aceptaron la reestructuración en un escalón inferior a los otros acreedores.

El juez de circuito Barrington Parker dijo que tenía «poca dificultad» para concluir que había una violación de la ley, dados los esfuerzos de funcionarios argentinos y legisladores para asegurar que los tenedores de la deuda reestructurada tenían prioridad. «Nada en el registro apoya la afirmación general de la Argentina de que el dictamen hundirá a la República en una nueva crisis financiera y económica», escribió Parker.

La Corte de Apelaciones solicitó a Griesa que aclarase el modo en que se pretende que funcione la fórmula de pago, y cómo el fallo se aplica a terceros, como bancos intermediarios. Griesa ahora deberá determinar la forma y las condiciones del pago. En ese momento, nuevamente la Argentina se negará a pagar y continuará con el proceso judicial.

El Gobierno de Cristina de Kirchner tiene la decisión política de no liquidar ni negociar con los fondos buitre. Pero además, si hubiera intenciones oficiales de discutir un pago, la legislación actual lo impide debido a la vigencia de la«Ley Cerrojo». Esta legislación, dictada por el Congreso en febrero de 2005, impide al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje para garantizar a los que ingresen en la negociación que no habría otra oportunidad. Ya conAmado Boudou en Economía, y con Hernán Lorenzino como secretario de Finanzas, hubo una reapertura del canje que rigió entre el 10 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, plazo durante el cual el Congreso«suspendió» la aplicación de la «Ley Cerrojo». Entre ambos canjes, la Argentina logró renegociar el 92% de la deuda en default, quedando afuera unos u$s 5.450 millones, la mayoría en manos de fondos buitre como el Elliot, Dart, ACP, Blue Angel y el Aurelius. Quedaron también algunas posiciones de particulares, pero con montos menores.

Si el Gobierno decidiera renegociar esos u$s 5.450 millones, debería entonces enviar una nueva ley al Congreso, que suspenda nuevamente el «Cerrojo», y que determine nuevas condiciones de discusión de quita, algo que el Ejecutivo no está dispuesto a hacer.

Hoy y mañana habrá comunicaciones con el estudio Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton para terminar de cerrar la estrategia. Lo primero a precisar será el plazo exacto que Griesa se tomará para resolver la forma y las condiciones del pago, confiando en que sea un problema a enfrentar dentro del primer trimestre de 2013.