El impuestazo que viene 

Hace años que la mayoría de las provincias centrales vienen resignando recursos por dos vías: los puntos de coparticipación federal que nunca recuperaron, y los impuestos a la exportación (retenciones) que se aplican sobre bienes que salen de las provincias (granos, carne, leche), pero cuyo producido fiscal no se coparticipa. Apenas algunas migajas se “derramaron” [...]

Hace años que la mayoría de las provincias centrales vienen resignando recursos por dos vías: los puntos de coparticipación federal que nunca recuperaron, y los impuestos a la exportación (retenciones) que se aplican sobre bienes que salen de las provincias (granos, carne, leche), pero cuyo producido fiscal no se coparticipa.
Apenas algunas migajas se “derramaron” en 2009 cuando, a cambio de una negociación, el Gobierno central se avino a repartir apenas el 30%, y solo de lo recaudado por las exportaciones del complejo sojero.
Todos se anotaron en esa, hasta la Ciudad de Buenos Aires que no tiene una planta de soja. Era mejor que nada, según creían.
La verdad hoy es que a todas luces, la Nación necesita más plata que ya no sabe de dónde sacar, por lo que la coparticipación se demora, las obras públicas nacionales (que benefician a las provincias) se suspenden y para colmo, el Fondo Federal Solidario se achica debido a la mala cosecha del año pasado y a la caída relativa de los precios internacionales de la oleaginosa.
Según Urgente 24, sobre base de un trabajo de la consultora Economía y Regiones, el monto de este fondo caerá por tercera vez consecutiva. Y la situación se podría volver a repetir ya que, lluvias mediante, ya no se espera la siembra récord de la oleaginosa que se preveía y, por el contrario, la cosecha hasta podría ser menor a la última (45/46 millones de toneladas) si las condiciones climáticas no mejoran en forma inmediata.
Ante tamaño “apriete”, algunos gobernadores intentaron salir del atolladero mediante la fórmula –fácil– de aumentar los impuestos, especialmente el inmobiliario, sobre todo rural (total las quejas en ese caso están más lejos de las capitales y de los medios periodísticos). La provincia de Buenos Aires fue el caso más emblemático, aunque no el único.
Sin embargo, no tuvieron en cuenta dos “pequeños” detalles: el primero, que en 2011 buena parte del interior (Centro, Pampa Húmeda, NOA) sufrió una muy fuerte sequía que, aunque el gobierno no quiso reconocer, implicó una reducción de la cosecha esperada de alrededor de 15 millones de toneladas (tal vez 20 millones), lo que significa que el interior recibió unos US$ 8.000 millones menos que no fueron compensados, ni siquiera parcialmente.
Con ese déficit se debió salir a encarar la actual campaña que implica un monto similar. O se siembra o se pagan los impuestos.
El otro “detalle” fue el clima que comenzó a enrarecerse en julio/agosto al punto que los excesos hídricos de esos meses ya obligaron a presentaciones de Emergencia Agropecuaria que se sumaron a las anteriores, por la sequía, que muchos gobernadores, y la Nación, no habían convalidado aún.
Luego se vería que el asunto se iba a demorar más aún, y en muchos casos siguen sin resolución.
Y el punto es bastante fácil: si los gobernadores dan la emergencia provincial y la Nación la homologa, los pagos tanto de los impuestos provinciales como los créditos con la banca pública quedan automáticamente suspendidos. ¡Bingo! Los gobernadores se comieron el costo político de aumentar impuestos que, de todas formas, no podrían cobrar. Claro, eso si homologan las declaraciones de emergencia agropecuaria, y por eso no lo hacen o lo demoran… fácil.
Como si fuera poco, en 2013 se puede repetir la película, pero un poco peor ya que ni la Nación ni las provincias están achicando los gastos, y no aparece por donde se pueden ampliar los ingresos, peor aún si la cosecha vuelve a no ser todo lo buena que se estaba esperando.
De tal forma, salvo que los precios internacionales registraran una gran recuperación, los ingresos por exportaciones de granos volverían a rondar los US$ 30.000 millones, semejantes a este año, y muy alejados de los más de US$ 40.000 millones proyectados al comenzar la campaña.
Pero además no se prevé una baja de la inflación, y los gastos en energía son crecientes en forma casi alarmante. Si todo esto se pone en un contexto proselitista, de elecciones, entonces es muy difícil ver alguna corrección estructural en el horizonte y, más vale, aparece la multiplicación de herramientas populistas, con concentración de los escasos recursos en las zonas más densamente pobladas y en los distritos grandes donde más peligren los resultados eleccionarios.
Así las cosas, con inflación, emisión, devaluación paulatina, etc., tampoco se puede esperar que se modifiquen problemas impositivos de arrastre como la imposibilidad de actualizar Ganancias, la devolución del IVA exportación en tiempo y forma, los pagos de los reintegros, etc., y, más vale, sería factible la “profundización” del modelo, o sea, todo esto.